La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo se dio ayer «por enterada» de los escritos remitidos por la Delegación del Gobierno y la Delegación de la Junta de Comunidades solicitando información sobre la contratación de desempleados y el decreto de la Alcaldía levantando los repartos del interventor. En los dos requerimientos se informa que podría «interponerse recurso» en caso de que la iniciativa contravenga lo dispuesto en la Ley General de Presupuestos del Estado.

Antonio Guijarro, concejal de Empleo, dice que el Ayuntamiento tiene pleno conocimiento del artículo 21.2 que por el que quedan suspendidas las contrataciones temporales pero recuerda que esa disposición abre el camino a algunas excepciones por razones de urgencia y necesidad siempre que queden justificadas.

«Eso es lo que hemos buscado», indica el concejal, para quien no cabe duda de que dar empleo a 155 personas que no tienen ningún tipo de ingreso debe prevalecer sobre cualquier otra circunstancia. En su opinión, «lo lamentable» es que tanto el Gobierno central como el regional en lugar de poner en marcha planes similares se dediquen a colocar «trabas» a los municipios que deciden dedicar recursos propios para ayudar a una parte de la población. En este sentido recuerda que la provincia tiene una tasa de desempleo del 32% y cree que las administraciones no pueden permanecer impasibles.

En cuanto a las consecuencias  del recurso el concejal asegura que están tranquilos porque cuentan con el respaldo de diversos informes técnicos, económicos y jurídicos que justifican la urgencia, la necesidad y la excepcionalidad de las obras que van a realizarse.

Por otro lado está convencido de que por una simple cuestión de plazos el programa de empleo podrá llevarse a cabo sin dificultades ya que en caso de recurso los trámites alargarían la solución dando tiempo a finalizar los contratos de tres meses, al menos los 93 que ya están trabajando y seguramente los 62 puestos que se sacarán en octubre.