Izquierda Unida ha tenido éxito con dos alegaciones al anteproyecto del futuro hospital general de Toledo (el del Polígono). Como respuesta a la primera, el Sescam deja «en reserva» la construcción del «edificio A» que no tenía una finalidad definida. En la segunda comunica que el plan de movilidad «se ha hecho» aunque no facilita detalles. La resolución llega nueve meses después de presentar las propuestas y no satisface en absoluto las expectativas de Aurelio San Emeterio porque dice que el modelo de gestión, que es lo importante, mantiene el sistema de privatización y lo extiende a «todo el Complejo Hospitalario».
Centrando la atención en lo concreto el portavoz de IU quiere que el Ayuntamiento de Toledo pida una copia del plan de movilidad y confía en que el Sescam mantenga abierto el periodo de concertación por si acaso la propuesta queda escasa y tiene que ser modificada.
En cuanto a lo general, San Emeterio se queja de que el Sescam no justifica el modelo de privatizaciones y sospecha que ha tomado como referencia datos erróneos de crecimiento de población para «inflar las cifras» y «cuadrar las cuentas» del adjudicatario en caso de que sea necesario.
Según sus cuentas el cálculo de necesidades/demanda de tarjetas sanitarias durante los próximos diez años ha pasado por alto que el crecimiento de la comarca de La Sagra no va a continuar en el futuro. Es más, indica que el INE proyecta una disminución de la población de la provincia un 4,84% hasta 2023 (34.000 habitantes menos).
Aurelio San Emeterio interpreta que el truco sería el mismo que el Ayuntamiento de Toledo ha hecho con el abastecimiento de agua: si no operan un número mínimo de «apéndices» podrán reclamar a la Administración que ha sido culpa de un error en las cifras de referencia y pedir el reequilibrio económico de la concesión.
Con ese argumento, y en contar de todo lo que se ha dicho, San Emeterio da por descontado que la Junta de Comunidades también quiere privatizar la asistencia sanitaria: «una cosa es lo que se dice...». Finalmente advierte a las empresas interesadas en el contrato que tengan «cuidado dónde meten el dinero» porque IUhará todo lo posible por anular la adjudicación si tiene poder de decisión.