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Los técnicos del Servicio de Vigilancia Aduanera cuya investigación sirvió de base para procesar a una familia vinculada a Quintanar de la Orden por presunto blanqueo de capitales procedente del narcotráfico han terminado desinflando esta acusación. Los aduaneros han reconocido que el incremento patrimonial no justificado que inicialmente tasaron en este asunto, de unos 539.000 euros, debe quedar reducido en realidad a unos 130.000 euros. Así lo han manifestado en la última sesión del juicio que por estos hechos se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Los funcionarios explicaron que no tuvieron en cuenta al valorar este aumento de patrimonio entre 2000 y 2006, que habría beneficiado al principal acusado Juan Carlos G.A.B., que éste cobró legítimamente unos 200.000 euros procedente de una indemnización como herido en un grave accidente de tráfico.

También rebajaron la valoración hecha de una finca rústica adquirida por la familia en Quintanar de la Orden, reconociendo que la tasación inicial estaba hecha sobre la base de su posible valor como solar urbano y con los precios del pasado ‘boom’ inmobiliario. En la actualidad, una vez que se ha confirmado que este terreno ha quedado como no urbano, reconocieron que su valor real es similar al que se pagó, unos 1.800 euros. Además, también reconocieron la legalidad de otros ingresos por valor de unos 20.000 euros.

La declaración de los aduaneros se produjo en un ambiente de tensión, toda vez que los cuatro acusados -un padre y una madre ancianos y sus dos hijos de mediana edad- evidenciaron su malestar con estos funcionarios, al verse sentados en el banquillo por este informe que ha quedado sensiblemente enmendado. Todo llegó al punto en que el presidente del tribunal ordenó al padre que desalojara la sala, aunque pudo volver poco después.

Además, se produjo la declaración de una testigo, hermana del dueño de la finca rústica, que declaró que su hermano -ya fallecido- no cobró nada de la venta toda vez que esta resultó simulada y que la entregó por «deudas de droga» por la que éste y un tercer hermano estaba amenazado. Sin embargo, esta mujer tuvo que reconocer que conoció estas amenazas por sus hermanos y que no las vio personalmente.

Conclusiones.

El juicio quedaba visto para sentencia tras presentar cada parte sus conclusiones. La Fiscalía mantuvo sus acusaciones, por las que pide cinco años de prisión y 1,5 millones de multa para cada procesado. La fiscal dio por bueno el testimonio de la testigo y enfatizó que aún queda incremento patrimonial sin justificar, además de la existencia de vínculos de Juan Carlos G.A.B. con el narcotráfico.

Los abogados defensores reiteraron su solicitud de absolución. Uno de ellos, Carlos Ricardo Pineda, tachó el informe de los aduaneros de «insatisfactorio», a la vista de que ha tenido que ser corregido, y recordó que los acusados han presentado diversas justificaciones a sus ingresos, como el cobro de una herencia, y que el mayor vínculo  de G.A.B. con la droga es una condena a seis meses de cárcel en 1996. Otra letrada, Yolanda López, reclamó que se tenga en cuenta de modo subsidiario las dilaciones indebidas en este proceso para atenuar una condena.