La autopista AP-36 Ocaña-La Roda, una de las que están en quiebra y que rescatará el Gobierno, propone a sus entidades financieras acreedoras aplazar 43 años, hasta 2057, el pago íntegro de su deuda de 522 millones de euros.

Así consta en la propuesta de convenio de acreedores que la sociedad concesionaria de la vía, controlada por Ferrovial y Sacyr, ha diseñado y que someterá a la votación de la junta de acreedores convocada para el  viernes, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.

 En su propuesta, la sociedad indica que el aumento del tráfico es un factor «vital» para superar el concurso, pero que su evolución «está unida a la de la economía», lo que hace prever «un estancamiento prolongado en la utilización de las autopistas de peaje».

También augura un «dilatado periodo de tiempo para la obtención de pronunciamientos judiciales favorables para que la concesión recupere el equilibrio económico-financiero», en referencia a los procesos judiciales abiertos sobre las expropiaciones de terrenos donde se construyó la vía.

Con todo, para que la autopista pueda cumplir con este plan de pago, el convenio considera «esencial» que se mantenga operativa y en marcha en todo su plazo de concesión de 75 años.

La Ocaña-La Roda es la primera de las nueve autopistas de peaje actualmente en concurso de acreedores que llega a la fase final de su proceso concursal.

La vía concluye el concurso, aún pendiente de que el Gobierno, a través de los ministerios de Fomento y Hacienda, concrete el sistema por el que rescatará estas autopistas integrándolas en una empresa pública y lo apruebe por Real Decreto en Consejo de Ministros.

Por ello, y para evitar su liquidación, la sociedad concesionaria de la autopista AP-36 Ocaña-La Roda se presentará a la junta de acreedores del viernes con este plan de pagos y plan de viabilidad, que ya cuenta con el visto bueno de su administración concursal.

El convenio contempla dos propuestas de pago, una básica para los acreedores con privilegio general (deudas de salarios y retenciones tributarias y de la Seguridad Social) y otra para los privilegio especial (créditos bancarios).