El trabajo del Tribunal Económico-Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Toledo aumenta año tras año. O lo que es lo mismo: la litigiosidad sobre los tributos municipales -especialmente sobre las liquidaciones del Impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalías)-, no deja de crecer. De hecho, en los últimos ocho años, el volumen de reclamaciones presentadas ante este organismo municipal que pone fin a la vía administrativa, se ha multiplicado por cinco en los últimos cinco años.
Así queda reflejado en la memoria del Tribunal presentada este mes. En el año 2010, el número de reclamaciones alcanzó la treintena. El año pasado, sin embargo, la cifra ya alcanzó las 162, batiendo el récord de asuntos ingresados. La anterior marca se registró en el año 2013, ejercicio tributario en el que se presentaron 149 reclamaciones.
En términos interanuales, el crecimientos de asuntos también ha sido importante, puesto que los contribuyentes toledanos registraron 71 reclamaciones económico-administrativas más que en 2017, lo que supone un incremento del 78%. Este significativo aumento de los recursos no sólo se debe al creciente cuestionamiento de las liquidaciones tributarias del IBIy de las plusvalías. También han ascendido «levemente» las reclamaciones por la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por empresas de telefonía, así como las referentes a la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos. La única ‘alegría’ proviene del trabajo de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), porque la litigiosidad que desciende en la relacionada con las multas de tráfico, de cuya gestión se encarga la empresa municipal desde comienzos de esta legislatura.
‘más atasco’. No sólo el Tribunal recibió más reclamaciones en 2018, sino que terminó el año con más casos sin resolver. Pese a dictaminar 74 asuntos -seis más que 2017-, el pasado año se cerró con 69 reclamaciones pendientes de dictamen. En 2017 fueron 52 las que se quedaron sobre la mesa. El incremento es del 32%. No obstante, si sumamos las suspendidas temporalmente por la cuestión incidental planteada con las plusvalías, el número de pendientes crecen hasta las 135, es decir, un 159%.