La Junta informa a sus trabajadores de Servicios Sociales de las novedades en las prestaciones

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Más de 100 trabajadores de los Servicios Sociales de Atención Primaria de la provincia de Toledo participaron ayer en la reunión plenaria que estaba convocada por la Dirección Provincial de Bienestar Social, con el objetivo de mejorar en la atención que se presta a los ciudadanos e informar a dichos profesionales sobre las novedades introducidas este año en las prestaciones y servicios de apoyo social y de dependencia.

El director provincial de Bienestar Social, Gregorio Gómez, destacaba que «es muy importante mantener estos canales periódicos de comunicación mutua entre los servicios más próximos al ciudadano y la institución encargada de la gestión y tramitación del acceso a los diferentes servicios y prestaciones que se ofrecen, de cara a lograr una mejora continua en los servicios públicos que se prestan a las personas que necesitan apoyo».

Esta jornada plenaria de participación y comunicación es ya la segunda que se mantiene en la actual legislatura con todos los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria de la provincia.

La primera parte de la reunión de trabajo estuvo centrada en las actualizaciones que afectan al Servicio de Promoción Social y Cooperación, como son las novedades introducidas en la gestión de los convenios de prestación del servicio de ayuda a domicilio municipal durante 2016; el establecimiento de criterios de valoración del Ingreso Mínimo de Solidaridad y las orientaciones en la tramitación tanto de esta prestación como de las Ayudas de Emergencia Social.

Asimismo, los responsables del Servicio Provincial de Dependencia se ocuparon de explicar los cambios normativos del nuevo Decreto 3/2016 que regula el catálogo de servicios y prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha y establece el régimen de compatibilidades.

Las novedades más destacadas han sido los criterios de excepcionalidad en la concesión de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar; la ampliación de compatibilidades entre diferentes servicios y prestaciones; la posibilidad de conceder prestaciones económicas vinculadas al servicio para atención residencial a las personas con grado uno de dependencia; o la puesta en marcha de los servicios públicos de promoción de la autonomía personal, entre otras.