El que fuera director financiero de la promotora Dico entre 2002 y 2003, David Merino, confesó en 2008 de forma manuscrita y mediante diversas actas notariales que la trama de corrupción urbanística y pago de comisiones presuntamente liderada por el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados y sus amigos David Majarliza y Ramiro Cid -desarticulada en la operación Púnica-, cerraban sus operaciones en cacerías con «bodas de sangre incluidas», partidas de póquer y «juergas» celebradas en chalets.
Así consta en la documentación aportada por Manos Limpias a la Fiscalía Anticorrupción, que ha servido para que esta organización acuse al propio Merino y los asesores jurídicos y fiscales del este holding empresarial de cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
En concreto, la agrupación denuncia a los también entonces responsables de Dico Julián Jiménez de los Galanez y Francisco Colado, y a sus asesores jurídicos y fiscales Jun Vilacoro y Mario Pestaña.
Según el manuscrito, de 12 folios y que contiene esquemas explicativos del funcionamiento de la presunta trama corrupta e incluso croquis de las timbas de póquer, Dico tenía, supuestamente, un empleado que era propietario de gran cantidad de suelo de la localidad madrileña de Valdemoro y amigo de Majarliza y Cid, a quienes vendía sus terrenos para que éstos, presuntamente en connivencia con los responsables municipales, pasaran de rústico a urbanizable a través del Plan General del Municipio o el impulso de planes parciales o Peris.
De este modo, se beneficiaba supuestamente a las empresas implicadas «con pactos de comisiones de éstas al Ayuntamiento de Valdemoro y a Granados, que declarará hoy junto a Majarliza por este asunto en la Audiencia Nacional ante el juez Eloy Velasco. Una de estas comisiones, como apunta el texto notarial, tenía un valor de 230.000 euros por la adjudicación de tres parcelas para construir.
El documento refleja, así, que todas estas personas «son las que asiduamente coincidían en las cacerías y partidas de póquer en juergas en casa de Jiménez, en su chalet de Las Lomas y demás festejos, que entre otros tenían el objetivo de ir diseñando las anteriores acciones».
Además, tal y como mantuvo este empresario que firmó las actas notariales, que buscaría, a juicio de Manos Limpias, «salvaguardar sus responsabilidades que pudieran originarse» cuando la trama se conociera, el importe pactado de las comisiones «siempre lo entregaban a Granados, bien Jiménez o Colado». Merino se atribuyó la función de «responsable de buscar tal dinero, que normalmente se incluía en una caja b».
CONSECUENCIAS LEGAL. Mientras, al cierre de esta edición, agentes de la guardia civil trasladaron ante la juez de guardia de Majadahonda al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados después de que su mujer presentara en ese Juzgado un habeas corpus para solicitar «su inmediata puesta en libertad» al considerar ilegal la prórroga de su detención decretada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
La esposa del constructor David Marjaliza también formalizó la misma solicitud, por lo que previsiblemente ambos prestarían declaración anoche.
Horas antes, el juez Velasco dictó sendas órdenes de prisión, tras tomarles declaración en la Audiencia Nacional, contra el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez; y el alcalde de Parla, José María Fraile.
Además, la Guardia Civil detuvo a otras dos personas relacionadas con la trama. Se trata de Víctor Manuel Ortega y José Manuel Casado. A ambos se les acusa de realizar labores de intermediación con el Ayuntamiento de Collado Villalba. Por otra parte, el magistrado dejó en libertad bajo fianza de 40.000 euros al alcalde de esta localidad madrileña, Agustín Juárez, detenido el pasado lunes junto a otros cinco regidores.