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La perrera municipal está «saturada». Tras la «alarma social» desatada por el caso de rabia canina detectado en Toledo a principios de mes, a las instalaciones llegan una media de tres o cuatro canes abandonados al día cuando antes eran uno o dos a la semana. Lo explica la responsable de la Asociación Protectora de Animales ‘San Bernardo’, Nuria López-Brea, encargada de su gestión desde hace doce años.

López-Brea entiende que el Plan de Contingencia para el Control de Rabia en Animales Domésticos activado el 10 de junio por el Gobierno regional es «adecuado» y hay que «aplicarlo» para evitar el «riesgo sanitario» de la población. Sin embargo, explica que esta medida contempla la vacunación de perros, gatos y hurones mayores de tres meses no vacunados en los últimos 12 meses, ya que desde junio de 2012 existe una Orden de la Consejería de Agricultura que dicta la obligación de la vacunación antirrábica en Castilla-La Mancha.

Lamenta que muchos propietarios están «abandonando» a sus animales domésticos «para no pagar el chip y las vacunas» y explica que la perrera municipal y las protectoras de animales de la capital regional «no tienen capacidad» para recoger a todos estos animales.

Detalla que el Plan también contempla que la perrera dedique una zona «de aislamiento total» en sus instalaciones donde se llevarán los perros recogidos sin vacunar o abandonados para tenerlos en observación 30 días y comprobar que no desarrollan la enfermedad de la rabia.

Para poder crear este espacio, la perrera se ve obligada a «sacar urgentemente del centro», en dos días, a una veintena de los 150 perros que actualmente se encuentran allí.

Por eso, pide ayuda y hace un llamamiento para que todas aquellas personas que puedan adoptar a un can se pongan en contacto con la protectora, «ya que si no encuentran un hogar tendremos que sacrificarlos».

López-Brea cuenta que si la «alarma social» no se «calma» y si «las personas continuamos siendo irresponsables, abandonamos a nuestros animales o los sacamos a pasear sin correa con el riesgo de que puedan ser atacados», esta situación «puede derivar en un genocidio» ya que la perrera de Toledo «no tiene espacio» para seguir acogiendo masivamente animales callejeros.

López-Brea dice que dada la situación actual «lo que me pide el cuerpo» es «dejarlo todo» y que sean «las autoridades de Salud Pública, Agricultura o municipales» las que se hagan cargo «de este genocidio» aunque lamenta que «lo harían de forma indiscriminada» y, en ese caso, «no caerán 20 perros, sino los 150 que tenemos actualmente en las instalaciones y muchos más».

La encargada de gestionar las instalaciones, situada en la carretera de La Puebla, insiste en que se trata de «un casos serio», se define «proteccionista convencida» y aboga por la «responsabilidad de los dueños» aunque defiende que «la salud humana es lo más importante».