La supervivencia de la Empresa Municipal de la Vivienda es una cuestión «de matemáticas» y no depende de lo que diga el gerente ni de lo que opine el PP sino de lo que manda la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: si el desequilibrio de las cuentas no se corrige al final de este año habrá un plazo de seis meses para proceder a su liquidación y si el Ayuntamiento no da este paso de manera voluntaria «quedará automáticamente disuelta el 1 de diciembre de 2015».

La portavoz popular, Claudia Alonso, no quiere entrar en una guerra de cifras con Luis Enrique Espinoza y se remite al mensaje que el presidente de la EMV y alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, lanzó en el consejo de administración confiando en que el Gobierno alargue el plazo que marca la ley.

El fondo del asunto es que no salen las cuentas mientras haya más gastos que ingresos y no se puede tener empresas públicas deficitarias «que desangran a la Administración».

«Desgraciadamente» la EMV «está en serios apuros, se ha puesto en riesgo», por las decisiones que se han ido tomando. o más bien las que no se han tomado, a lo largo de dos legislaturas.

Alonso subraya que tanto el Ayuntamiento (propietario) como la EMV llevan dos años con el aviso de liquidación encima de la mesa pero la empresa está «abocada a una liquidación automática porque no se han hecho los ajustes necesarios» con el fin de corregir los números rojos.

Dicho esto, la concejal popular entiende al gerente de la EMV ya que «su obligación» es dar la cara «pero no son ciertas» las explicaciones que ofrece sobre la buena salud de la empresa y su carga de trabajo «y los hechos van dando la razón» al PP.