Uno de los deberes pendientes que tiene el Gobierno de cara al regreso de las vacaciones de agosto es la presentación de los Presupuestos Generales de 2019, que, previsiblemente, se realizará en septiembre. Pero ayer, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió la puerta a retrasarlos, con el objetivo de aprobarlos una vez que estén «pactados» con otras formaciones políticas y evitar, así, un fracaso en el Congreso, como el vivido con el techo de gasto.

«Si no da tiempo a que se pacte con los grupos políticos en el mes de septiembre, y evidentemente lo importante es llegar a un acuerdo, podemos presentarlos en noviembre e igualmente entrarían en vigor el 1 de enero», afirmó la socialista.

En cualquier caso, Montero trabaja para presentar las Cuentas en septiembre, como establece la ley, porque cree que hay «tiempo para acordarlas», aunque «si no pudiera ser» se retrasaría, siempre con el objetivo de que entren en vigor cuando comience 2019.

De hecho, ya ha planteado a los grupos la posibilidad de negociar medidas que se incluirán en los futuros PGE durante las conversaciones para la aprobación de la senda de déficit para el período 2019-2021, que fue rechazada en el Congreso y que volverá a las Cámaras a finales de mes.

La ministra se mostró confiada en que logrará «apoyos suficientes para superar la negativa a la tramitación», es decir, los posibles vetos, y planteó que si una formación política está de acuerdo con una parte del Presupuesto pero no con otra «a lo mejor la expresión de su voto tiene que ser una abstención».

El futuro Presupuesto tendrá «un alto componente social» y avanzará en «la recuperación de los derechos perdidos» durante la crisis, por ejemplo a través de las políticas de educación o de dependencia.

En ese sentido, apuntó que las Cuentas restablecerán la posibilidad de que las cuidadoras no profesionales de dependientes puedan cotizar a la Seguridad Social y recuperará parte de la financiación que se daba a las comunidades autónomas para estos servicios.

En cuanto a las pensiones, «el Gobierno siempre ha querido que se vayan actualizando conforme a lo que se actualiza el coste de la vida», aunque es una materia que corresponde al Ministerio de Trabajo y que dependerá de «los elementos» con que se cuente.