El Juzgado de Instrucción número 4 con competencias en Lo Mercantil emitió el pasado 10 de abril una providencia por la que aprueba que el aeropuerto de Ciudad Real salga a subasta judicial el próximo 19 de junio, a las 11.00 horas, después de 600 días del inicio de su liquidación y después también de que los ocho procesos de venta directa habilitados por los administradores concursales se hayan cerrado sin ninguna oferta válida para hacerse con la infraestructura. De este modo, el juzgado da luz verde a la tercera posibilidad que se contemplaba en el plan de liquidación, la hoja de ruta habilitada para la venta de los bienes y derechos integrados en el aeropuerto, toda vez que no se ha tenido en cuenta la posibilidad de que la subasta sea llevada a cabo por una empresa especializada.
En la providencia judicial se pone de manifiesto que la subasta se desarrollará «sin sujeción a precio mínimo de salida», si bien se estima un valor de tasación del aeropuerto de 40 millones de euros. Del mismo modo, se establece que el postor que adquiera el Central se hará con la terminal, los terrenos inmuebles y equipamientos propiedad de la concursada (CR Aeropuertos) que se hallen dentro de la ‘zona aire’, el parking, la pasarela en construcción, el equipamiento y el resto de edificios necesarios para el funcionamiento del aeropuerto, además de los te uso agrario «estrictamente necesarios» para cumplir con la Declaración de Impacto Ambiental. Se excluye «todo terreno de uso industrial-aeroportuario así como los terrenos de uso agrario no necesarios para cumplir las obligaciones medioambientales».
La subasta se realizará en la sede de los juzgados de Ciudad Real y en la providencia se expresa que para tomar parte en la misma, los postores, deberán depositar antes de las tres de la tarde del 18 de junio «la cantidad de dos millones de euros» en la cuenta habilitada a tal efecto. A este respecto se subraya que «no se admitirá la participación en la subasta de aquellos interesados cuyo aval se estime insuficiente, incorrecto o inadmisible». Desde el anuncio de la subasta y hasta su celebración, los postores podrán presentar sus posturas (pujas) «por escrito en sobre cerrado (...) que serán abiertos al inicio de la subasta».
Al no fijarse precio mínimo de salida, se aprobará el remate -la propuesta- más alta, «cualquiera que sea su importe» y no se admitirán pujas por partes del aeropuerto. También se avanza en el escrito que «sólo se admitirán pujas ofreciendo el pago a plazos si se ofrece un precio superior a 40 millones de euros y se aporta compromiso en firme de entidad bancaria o de seguros de garantizar el pago de las cantidades aplazadas». Así, 20 millones deberían habilitarse en los 40 días hábiles siguientes a la fecha de aprobación del ‘remate’ a favor del postor mientras que el resto del importe «habrá de hacerse efectivo en el plazo de un año desde la celebración de la subasta».
En caso de que la mejor postura fuera igual o superior al 70 por ciento del valor por el que el bien sale a subasta y con oferta de pago al contado, «se aprobará el remate a favor de dicha postura y el rematante (adjudicatario) deberá consignar la diferencia entre lo depositado y el precio del remate en el plazo de 40 días hábiles». Si la misma fuese inferior a dichos porcentajes, se concederá a cualquier tercero 20 días hábiles para mejorarla.
Con todo, el juzgado también ha aprobado que puedan presentarse ofertas de compra hasta las 15.00 horas del 29 de mayo a las que se aplicarán los parámetros del último proceso de venta por parte de los administradores concursales; es decir, un mínimo de 80 millones de euros. Si hubiese alguna oferta valida antes del fin de dicho plazo, los administradores concursales podrían solicitar al juzgado la suspensión de la subasta.
Sin cargas.
En cuanto al proceso de subasta, la providencia revela que «por la propia naturaleza del procedimiento concursal, el adjudicatario adquirirá la propiedad de los bienes subastados libre de cargas y gravámenes sin subrogarse en ninguna de las deudas u obligaciones que pudieran gravar esa parte del patrimonio de la concursada». Si se consigue vender, el aeropuerto cambiaría de manos en diez días.
Además, la providencia expresa claramente que «será de cuenta del requiriente asumir a su costa la realización de cualquier actuación legal o material que fuese necesaria para reabrir al tráfico el aeropuerto de Ciudad Real».