La salud pública es lo primero y debe estar por delante de los derechos de propiedad. Así lo argumenta la Asociación de Vecinos El Tajo, que pide que no se eternicen los procesos judiciales abiertos en torno a las parcelas con amianto cerca del Polígono y se pueda actuar sobre ellos lo antes posible.

La Junta de Comunidades ha tapado, a través de la empresa pública Tragsa, dos núcleos de vertidos de amianto en el entorno del arroyo Ramabujas, muy cerca del barrio. Se trata tan sólo, estiman desde la Asociación de Vecinos El Tajo, de un veinte por ciento del material acumulado en la zona.  Mientras tanto, punta Damián Villegas, una vez terminados los trabajos en esta zonas, se ha producido una paralización. Ya no hay más movimientos, ni se prevén nuevas actuaciones, dado que, ha explicado la Junta, los demás espacios están judicializados. Los propietarios de las parcelas no han permitido el paso para que se tapen o se retiren los vertidos.

En septiembre, a ocho meses de las elecciones locales y regionales, y sin ninguna información sobre esos procesos judiciales, los vecinos se temen que los nuevos trabajos se demoren en el tiempo. Su gran preocupación es que pasen las elecciones y no se haya retirado o tapado más que este veinte por ciento de los vertidos.

De ahí que la Asociación de Vecinos pregunte a la Junta y a la justicia si tienen preferencia «la salvaguarda de la salud pública ante una amenaza evidente y clarísima que supone la presencia de fibra de amianto en el aire ya constatada, o el derecho de los propietarios de las parcelas a que no entre nadie». A su juicio, ya es hora por delante el derecho a la salud pública, recogido en la Ley de la Salud Pública, que establece en sus aspectos de prevención que cuando hay que solucionar los problemas medioambientales que ponen en peligro la salud pública.