j.s.| TOLEDO

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El Palacio de Congresos ‘El Greco’ ya está oficialmente inaugurado y en funcionamiento, pero ahora hay que terminar de pagar los 51,08 millones de euros que ha costado levantar el aparcamiento y el auditorio que llevan la firma de  Rafael Moneo, arquitecto galardonado este año con el premio Príncipe de Asturias de las Artes.

Quien ya ha terminado de pagar es la Diputación de Toledo, que a lo largo de los 10 años que ha durado la obra ha desembolsado 9,015 millones de euros. El último millón lo ha terminado de pagar este mes de diciembre y para ello ha utilizado el mecanismo de compensación de deudas, un instrumento cada vez más utilizado por las administraciones debido a la falta de liquidez para afrontar los pagos debido a la crisis económica y la disminución de ingresos.

El pasado 11 de diciembre, la Tesorería de la Diputación comunicaba al Ayuntamiento que iniciaba de oficio un expediente de compensación por 1,018 millones de euros que se corresponden a una serie de deudas que ambas administraciones mantienen entre sí  y que ya están reconocidas, liquidadas y vencidas.

Los órganos gestores de la corporación provincial explicitan que de las certificaciones de obras 2 a 5 del Palacio de Congresos, que suman en total 1,26 millones de euros, la Diputación ya abonó con anterioridad 463.645 euros, por lo que por este concepto estaban pendientes de pago un total de 802.584 euros. A esta cantidad añade la certificación número 6 de su aportación al ‘Proyecto de Renovación Urbana de Toledo’, iniciativa en la que se enmarca la construcción del Palacio de Congresos, que suma otros 215.450,16 euros. En total, su deuda indirecta con el Ayuntamiento asciende, por tanto, a 1,018 millones de euros. Indirecta porque el dinero  realmente es para Acciona, la constructora de esta nueva dotación del Casco, un dinero que el Ayuntamiento ‘recauda’ de las tres administraciones que cofinancian la obra -Diputación, Junta de Comunidades y el propio Consistorio- conforme se emiten las certificaciones de obra y que luego transfiere a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), promotora municipal a la que se encomendó la obra y que es finalmente la que ingresa el dinero a la empresa constructora.

Para poder iniciar el expediente de compensación, la Diputación identifica deudas que el Ayuntamiento mantiene con la corporación provincial por un importe idéntico al que se quiere compensar.

La parte más importante de la deuda vencida que se compensa hace relación a los pagos mensuales que el Ayuntamiento de Toledo debe realizar al Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales, organismo dependiente de la Diputación, por el tratamiento de los residuos sólidos urbanos que generan los vecinos de la capital regional y que son tratados y almacenados en el ecoparque. Aunque el importe de todos los recibos pendientes hasta noviembre de este año ascienden a 797.227,88 euros, la Diputación solo compensa en este expediente la deuda comprendida entre mayo y octubre de 2011 que asciende a 593.081,13 euros.

A esta cantidad añade el recargo provincial del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del año 2011, que se corresponde con el dinero que ingresa la Diputación de la recaudación por este tributo municipal. En este caso, 423.961 euros. Finalmente el 1,018 millones de euros se alcanzan con los anuncios publicados por el Ayuntamiento de Toledo en el Boletín Oficial de la Provincia entre los meses de junio a noviembre del pasado año y que suman en total 991,92 euros.

Tras las correspondientes  comprobaciones tanto de la Unidad de Planeamiento y Ejecución Urbanística y de la Intervención General del Ayuntamiento, la corporación municipal inició un expediente de modificación de créditos bajo la modalidad de generación de crédito por importe de 1,018 millones de euros, que fue aprobado en la Junta de Gobierno Local del pasado 19 de diciembre, acuerdo que supone la compensación de la deuda.

Toda vez que las certificaciones de obra del Palacio de Congresos anteriores al 31 de diciembre de 2011 correspondientes del Ayuntamiento y la Junta de Comunidades han sido abonadas a través del crédito solicitado por el Ayuntamiento al mecanismo de pago a proveedores -10,5 de los 29 millones que tuvo que pedir el Ayuntamiento-, tan sólo restarían las certificaciones emitidas hasta el 31 de agosto. Por este concepto, la Junta adeudaría algo más de 3 millones de euros.