«No hay nada perdido ni está todo dicho». El sindicato CCOO no está dispuesto a conformarse con la licitación para la construcción y gestión del futuro hospital de Toledo, según el secretario regional, José Luis Gil, y acaba de presentar un recurso contencioso-administrativo basado fundamentalmente en cuestiones laborales del personal estatutario, que se verá afectado por la decisión del Gobierno regional de una gestión pública-privada del futuro centro hospitalario. Por tanto, el sindicato ha visto necesario recurrir a los tribunales para que diriman la problemática y, sobre todo, «para acabar con las intenciones malsanas que se abren camino» por la política de la Junta.
Gil insiste que CCOO ha defendido desde el principio «una sanidad pública de calidad» y considera que el Gobierno regional busca «hacer negocio con ella» y ha encontrado en Toledo esa posibilidad que, a juicio del secretario regional, ha descartado en otros centros de la comunidad autónoma porque «no había beneficio». Si bien, el sindicato alerta de un modelo de gestión que saldrá adelante «a costa de la salud de la gente y de los derechos de los trabajadores públicos».
CCOO lleva tiempo estudiando la problemática y tiene claro que hay que poner freno a los planes del Partido Popular, «que ha traspasado la línea roja de manera vergonzante» en Castilla-La Mancha, la región «con el número de camas más bajo del país». Gil subraya además «la desaparición de más de 2.300 profesionales» ligados al ámbito sanitario y una serie de importantes recortes que han convertido a la región «en la campeona de todo lo negativo en sanidad». Por tanto, considera que hay motivos de sobra para emprender acciones legales contra la Junta y centrarlas en los derechos de los trabajadores.
el recurso. CCOO ha recurrido en el Contencioso-Administrativo el pliego del hospital aludiendo, entre otras cosas, a la vulneración de normativas relativas al ámbito laboral que afectarán directamente a más de 300 personas consideradas personal estatutario de la administración. Así, el secretario provincial, Jesús García Villaraco, explica que «la oposición a la gestión privada» de parte del hospital ha centrado este recurso -en el que no se pide la suspensión cautelar del proceso de contratación- basado en varias claúsulas en las que se deja claro que «el personal estatutario pasará a depender del constructor».
Villaraco prefiere referirse a las empresas como constructoras en lugar de como concesionarias y recuerda que la Junta ha incumplido la normativa «por falta de negociación sindical con los representantes sindicales». Admite que hubo un par de reuniones fugaces, «que no se cambió ni una coma» del pliego y se realizó «un simulacro de negociación vulnerando la buena fe contractual».
Además, apunta que el Gobierno regional infringe «el artículo 65 del Acuerdo Marco», relativo al traspaso de personal entre administraciones, puesto que el objetivo es que la mayor parte de estos trabajadores públicos «pasen a manos del constructor, a un tercero que es una empresa privada». Por tanto, Villaraco tiene claro que se trata de «una cesión ilegal de trabajadores», tanto si las nóminas dependen del concesionario en el caso de que los empleados acepten pasar a su control directo como para los que sigan perteneciendo a la Junta, dado que «funcionalmente también dependerán de la empresa privada». El recurso también alude «a la vulneración del pacto de selección de personal» porque, según Villaraco, no se respetarán las bolsas de trabajo para vacantes y sustituciones y se dejará «a voluntad y arbitrio del constructor».
CCOO está dispuesta a seguir batallando en los tribunales el tiempo que sea necesario porque tiene previsto recurrir también el Plan de Ordenación de Recursos Humanos en cuanto se publique, según comenta la secretaria general de la Fesderación de Sanidad, Chelo Cuadra.