Además de largo, el Pleno ordinario de ayer vivió una de las situaciones más curiosas ocurridas en el Ayuntamiento en los últimos tiempos. El alcalde de Talavera, Jaime Ramos, paró la sesión plenaria después del punto 7 y resolvió el problema de varias familias en apenas 15 minutos.
Eran las 12,45 horas, justo después de finalizar el punto de las ordenanzas fiscales, cuando Ramos hizo un inciso y llamó a los portavoces de los grupos municipales a la mesa de Presidencia. Tras contar con su apoyo, informó de un receso de 15 minutos para mantener una reunión con las cerca de 20 personas miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que permanecían entre el público con carteles donde informaban de que les habían cortado la luz. Todos, formaban parte de las 10 familias desahuciadas y realojadas en el edificio Dignidad desde el pasado mes de marzo.
Así, durante el parón que sirvió de descanso a los concejales, el alcalde y la concejala de Servicios Sociales, Ana Santamaría, se trasladaron con los afectados hasta el antiguo Salón de Plenos, donde Ramos informó que tras hablar con Iberdrola -después de un primer encuentro con la PAH- ésta les había explicado que «no les haría un boletín para enganchar la luz si no regularizaban su situación». «Yo ya no puedo hacer más», indicó el alcalde.
Sin embargo, uno de los presentes explicó que el primer problema para no poder regularizar su situación, es el hecho de no estar empadronados. Fue entonces cuando el alcalde llamó al secretario municipal, Antonio López Abarca, quien explicó que para empadronarse hay que presentar un documento de propiedad o arrendamiento que justifique la habitabilidad de esa vivienda, y en su ausencia, una «situación de hecho» que así lo confirme. En este caso, la jefa de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, Ana Blanco, aseguró que ella puede confirmar que habitan en dicho edificio porque ya ha gestionado con estas familias otro tipo de peticiones, por lo que el alcalde la pidió que iniciara en el momento la tramitación para empadronarles en la ciudad ayer mismo y que hoy pudieran tener acceso al boletín de alta de la luz a través de un instalador autorizado.
Las 10 familias que actualmente residen en el edificio Dignidad, entre ellos 17 niños, han sido denunciados por la propiedad del inmueble y deberán hacer frente al juicio el próximo cuatro de noviembre.