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En sólo cinco años, se encuentran con que la fachada de sus viviendas se está desprendiendo; puede caer al interior de la urbanización o incluso a la calle, si no se hace nada. Para evitarlo, cada uno tendrá que gastarse casi cinco mil euros en la reparación, y nadie, ni la constructora, arruinada, ni el sindicato CSIF, promotor de la cooperativa, se hacen responsables. En esta situación se encuentran los 193 vecinos de la comunidad de propietarios Guadarrama 31, conocida en el Polígono como ‘los pisos del CSIF’.

La comunidad ha iniciado los trámites para denucniar a la constructora Oligarry, que es la que hizo la obra de la promotora que creó CSIF para la venta de las viviendas, «porque tiene que existir alguien responsable». Además, está reclamando al sindicato toda la documentación de la obra, que no le ha facilitado. Se cuestionan los vecinos qué responsabilidad tendrá el mismo como promotora, teniendo en cuenta que además se quedó con un local de elevadas dimensiones y varias plazas de parking. Además, no queda claro cómo vendió otro local a un conocido supermercado.

El propio presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, inauguraba los ‘pisos del CSIF’ como alcalde de la ciudad el 30 de junio de 2010. Poco tiempo después, comienzan a aparecer muchos defectos en la urbanización. Ha habido deficiencias en la instalación del agua calentado con placas solares o humedades en los garajes. Defectos, apunta Alberto Ibáñez, presidente de la comunidad, ante los que no responde la constructora Oligarry, porque ha quebrado y no está en activo. Apenas se hizo cargo de algunos defectos del edificio.

El problema, sin embargo, es ahora mucho mayor. «No sabemos si es por ahorrar costes, pero el caso es que falta una pieza de hierro que tenía que unir todas las fachadas a la estructura del edificio», explica Ibáñez. El resultado es que las fachadas se están cayendo; existe un «riesgo inminente de desplome de la fachada», según los técnicos. De forma que «se adivina riesgo importante si el derrumbe no se controla».

Desde el interior de la urbanización, se aprecia el desplazamiento de parte de la fachada. El peso de la misma ha deformado varios ladrillos, a punto de quebrar. De hecho, la comunidad ya ha tenido que intervenir sobre todo un número de viviendas, de arriba a abajo, porque la fachada amenazaba con desprenderse. Los técnicos detectaron riesgo de desprendimiento, y la fachada estuvo apuntalada, hasta que se ha actuado en ella de urgencia. Una «actuación monumental, dado que se había roto toda la fachada» sobre cinco pisos que costó nada menos que veinte mil euros.

A partir de ahí, el informe pericial encargado por la comunidad concluye que habrá que hacer la misma operación sobre todas las fachadas. Sobre la mesa existe un presupuesto para evitar el desplazamiento del muro de ladrillo de cara vista por un importe total de 930.000 euros, lo que supondría casi cinco mil a cada vecino.

Obra monumental. ¿Qué pueden hacer la comunidad? Alberto Ibáñez asume ya que los vecinos tendrán que abordar «una obra monumental para lo que es una vivienda». Se verán obligados a deshacer la fachada, para colocar la pieza olvidada.

La comunidad ya ha ido asumiendo los pequeños problemas que han ido apareciendo en la urbanización, como las humedades de los garajes o las carencias en el agua caliente. Pero desde luego que no era una cifra tan elevada como la necesaria para arreglar la fachada por una cuestión que «creemos que no es culpa nuestro que un arquitecto no haya visto que falta una pieza o que eso no esté bien construido». El problema es que, en principio, parece que el seguro estructural del edificio es estructural, y no cubre la fachada. Se ha eximido. La constructora, en bancarrota, no da señales de vida.

Mientras que la comunidad busca una solución técnica, que tendrá que pasar por esta obra, trabaja también con su abogado en la demanda contra la constructora.