La liquidación de la Empresa Municipal de la Vivienda no está en la agenda del PSOE. El portavoz del equipo de Gobierno, Rafael Perezagua, dice que el informe del interventor es sólo «una recomendación» y reprocha al funcionario que no haya tenido en cuenta  «los problemas sociales» que conllevaría tomar esa decisión, sobre todo el despido de nueve trabajadores. «Todo son problemas, no entiendo el motivo por el que recomienda que se estudie dar ese paso».

El concejal socialista tampoco tiene especial preocupación con las cifras. Dice que la EMV debe 8 millones de euros de los que 3,3 corresponden a edificaciones dedicadas al alquiler que «se van recuperando» con lo que pagan los inquilinos así que, por esta parte, tranquilidad total.

Los otros 4,7 millones son créditos para la compra de terreno y tampoco ve dónde está el problema. Si no se pudieran devolver en plazo asegura que se puede negociar con los bancos un aplazamiento o, en último caso, la dación en pago que, por cierto, ya se ha intentado sin éxito.

Además, afirma que el PP no es el mejor ejemplo para sobresaltarse por estos números rojos porque cuando ellos gobernaban la EMV llegó a los 30 millones de deuda (17 a los bancos y 13 a proveedores). Eran otros tiempos donde se construía y se recuperaba con la venta, pero eso no lo explica.

En cuanto a los informes del interventor, que unas veces se le hace caso al pie de la letra (caso de la ORA) y en otras se le descalifica, Perezagua indica que la diferencia está en la categoría de los documentos. No se pueden mezclar «churras con merinas», sentencia.

En teoría, cuando son vinculantes, pone reparos, observaciones o suspende el acto administrativo tiene «una fuerza en derecho que cualquier equipo de Gobierno tiene que tomar en consideración», lo que no quiere decir que haga caso (como ocurrió con el contrato del agua y los 70 millones). Pero cuando son recomendaciones, como este de la EMV, directamente va a la papelera si no gusta a quien manda.

El concejal informa que el consejo de administración de la EMV se convocará a su debido tiempo, no cuando lo pida el PP, partido al que acusa convertir la empresa en un «objetivo político» que tiene «la pretensión de aniquilar».