La opción de que el Reino Unido lleve a cabo finalmente un Brexit de manera unilateral, es decir, sin un acuerdo con la UE -el conocido como Brexit duro-, es cada vez más probable. Así se siente en Londres, donde el Parlamento debe todavía votar el próximo enero si avala el pacto firmado entre la primera ministra británica, Theresa May, y los Veintisiete, y también en el bloque comunitario, donde se prevé que el rechazo al documento consensuado sea casi unánime. De ahí que la Comisión Europea presentase ayer un paquete de 14 planes de contingencia en diversos sectores, incluidos los de servicios financieros y transporte aéreo, para evitar los daños más graves para el grupo de un eventual divorcio en solitario. Unas medidas de urgencia que, no obstante, no se aplicarían, en caso de hacerse realidad, en Gibraltar.
Bruselas apuntó que con este proyecto quiere blindar áreas que quedarían especialmente afectadas por esa ruptura, como las aduanas y la política climática, donde se generarían «desórdenes graves» para los ciudadanos y las empresas comunitarias.
Por ello, el Ejecutivo que dirige Jean-Claude Juncker consideró que es «esencial y urgente» que se adopten las medidas con celeridad, para lo que instó al Consejo y al Parlamento europeos a que adopten las acciones que permitan que los planes puedan entrar en vigor el 29 de marzo de 2019, cuando se produzca la desconexión, si el acuerdo del Brexit se ha frustrado para entonces.
Con todo, recordó que, con el divorcio, el derecho comunitario no solo dejará de estar vigente en el Reino Unido, sino también en Gibraltar, por lo que las medidas de contingencia «no se aplicarán» en el Peñón. La UE aplica las disposiciones de sus Tratados en la Roca en la medida en que lo considera un «territorio europeo cuyas relaciones exteriores son asumidas por un Estado miembro», por lo que con la salida ya no estará bajo el paraguas de un socio y no se le aplicarán los Tratados.
polémica «estúpida». Mientras, el Gobierno británico continúa con el objetivo de reducir la inmigración en el país anglosajón a menos de 100.000 personas al año, según declaró May, cuyo Ejecutivo pondrá en marcha, tras la ruptura, «un sistema que reducirá» las llegadas «a unos niveles más sostenibles». «Los últimos datos muestran 273.000 personas anuales. Es una cifra muy alta», agregó.
Además, la polémica reina en la nación, donde el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, ha sido acusado de haber llamado «estúpida» a la premier durante la sesión parlamentaria del pasado martes. Unas palabras que fueron negadas por el aludido, quien matizó que lo que dijo fue «gente estúpida», en referencia a aquellos que «quieren convertir un debate sobre la crisis nacional», derivada del Brexit, en una «pantomima».