La secretaria de Sanidad y Servicios Sociales del PSOE en la provincia, Guadalupe Martín, se quejó ayer en rueda de prensa de los requisitos exigidos a los candidatos en la selección de personal y las condiciones laborales ofrecidas por la empresa que se encargará de gestionar la residencia de mayores de Mora, que contará con un total de 120 plazas. «El Gobierno debe vigilar que esto no ocurra. Es una llamada para que vele por la calidad del trabajo», aseveró al respecto la representante política sobre el comportamiento de Aralia, la adjudicataria de la concesión administrativa que gana un 15 por ciento por plaza. Y agregó a continuación: «Supuestamente, se le ha ligado a la trama Gürtel y no sabemos si se le quiere dar más beneficio todavía».
«Tiene unas ofertas de trabajo bastante precario», indicó sobre esta cuestión Martín, quien detalló que ofrecen horarios diarios partidos, e incluso parciales, sin llegar a la jornada completa. Además, añadió que ofertan contratos en prácticas a profesionales con años de experiencia en el sector. «Les están solicitando una antigüedad que no es necesaria en ninguna legislación aplicable», manifestó al respecto la representante socialista.
un trabajo de calidad. La empresa que gestiona el centro busca entre 80 y 90 trabajadores para la residencia de mayores y el centro de día. «Debe ser un trabajo de calidad porque estas plazas se pagarán más caras. Se debe exigir más calidad», recalcó la responsable socialista, quien opinó también que la calidad de la atención en los centros residenciales de la región ha quedado mermada por los recortes en los servicios sociales.
Asimismo, Guadalupe Martín recordó que se deben abrir también el total de las 230 plazas cerradas, en referencia a las residencias de la localidad de Noblejas y del Hospitalito del Rey, en la ciudad de Toledo. «Suponen puestos de trabajo y más residentes, por lo que se podía aliviar esta lista de espera», dijo ayer en rueda de prensa.
Por otro lado, respecto a las pruebas diagnósticas perinatales, conocidas popularmente como la prueba del talón, la secretaria de Sanidad y Servicios Sociales del PSOE en la provincia de Toledo subrayó que se detectaban 17 pruebas antes del Gobierno del Partido Popular, y que ahora la Junta de Comunidades se ha visto obligada a subir a 10 después de haber rebajado a tres las determinaciones, por una orden del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad. «Pedimos que se repongan las 17», suplicó puesto que el coste económico «no resulta significativo».