El dimitido ministro de Cultura Màxim Huerta aseveró ayer al presentar su decisión ante la prensa que se sentía atacado por quienes difundieron que había defraudado a Hacienda y los que dieron pábulo a la noticia y se declaró insistentemente como inocente de la falta de que se le acusó y que le ha costado el cargo. Una cabecera digital aseveró que fue sancionado a abonar 218.000 euros a Hacienda por los impuestos que dejó de pagar en 2006, 2007 y 2008 cuando trabajaba como presentador de televisión y declaraba a través de una sociedad limitada, lo que permitía tributar menos que si lo hubiera hecho como renta personal con el IRPF.

Además, los informes de Hacienda indicaban que en los tres ejercicios fiscales examinados presentó como gastos de esa sociedad, denominada Almaximo Profesionales de la Imagen SL, casi 460.000 euros. La Agencia Tributaria los examinó y concluyó que solo un tercio estaban realmente relacionados con la actividad laboral del periodista y que por tanto podían deducirse. Otros 310.150,15 euros eran gastos que nada tenían que ver y entre los que se incluían los de una casa que tiene en la playa en Albir (Alicante).

El presidente del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, afirmó que el caso de Huerta es «un fraude fiscal» y no obedece, como argumentó el escritor, a un cambio de criterio en la Agencia Tributaria. En este sentido, consideró que da «mal ejemplo» a la ciudadanía.