Siete décadas de garantías y de sueños sin cumplir. Ese es el yermo escenario de una Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU un 10 de diciembre de 1948, justo tres años después del final de la Segunda Guerra Mundial, que tras 70 años en vigor aún son muchos los seres humanos que no son respetados en dignidad y derechos, como reza el primer artículo de la Declaración.

La carta funacional surgió a mediados del siglo pasado como un ideal común para todos los pueblos y naciones al establecer por vez primera los Derechos Humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo.

El apartado segundo señala «que esas libertades y derechos son sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición».

Sus 30 títulos recogen -entre otros puntos- que «todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona, alimentación, vestido, vivienda o los servicios sociales necesarios», y también que «nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre».

Sin embargo, a lo largo de estos años distintas organizaciones internacionales vienen denunciando el incumplimiento de los principios fundamentales, como refiere también en su informe de 2017 Amnistía Internacional (AI), que denuncia infracciones en 159 países.

Además, los derechos recogidos en la Declaración de 1948 inspiran también los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS), que pretenden erradicar para 2030 la pobreza, el hambre y la explotación infantil, algo en lo que tampoco se ha avanzado ya que, según informó Unicef en junio pasado, 151,6 millones de niños se ven obligados a trabajar en el mundo, y de ellos 73 millones realizan trabajos peligrosos.

«Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes», dice otro apartado. Sin embargo, Amnistía registró 2.591 condenas a muerte en 53 países en 2017, lo que supone un descenso considerable con respecto a la cifra récord de 3.117 de 2016. La mayoría de ellas tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán.

En países como Arabia Saudí, Baréin, China, Irak e Irán -denuncia el informe- se realizaron ejecuciones y condenas a muerte mediante procedimientos judiciales sin garantías.