El Juzgado de lo Mercantil de Toledo ha admitido a trámite el concurso voluntario de acreedores presentado por Concesionaria Española de Autopistas, la gestora de la autopista AP-41. La empresa reconoce en su solicitud una deuda total de algo más de 523 millones de euros, según han confirmado a este medio fuentes de la compañía.
Esta foto fija del pasivo que arrastraba la concesionaria cuando pidió al Juzgado someterse al proceso de suspensión de pagos , el pasado día 11, se divide fundamentalmente en dos partes. La principal, cerca de un 80 por ciento, corresponde al crédito que varias cajas y bancos le concedieron para su construcción, por un importe de unos 400 millones. El resto corresponde al precio final fijado por las expropiaciones de terrenos para levantar la autopista.
Los propietarios de los terrenos expropiados están consiguiendo en los tribunales que se reconozca que su valor era hasta cuatro veces mayor de la tasación hecha cuando se construyó la autopista. Fuentes de la concesión reconocieron que estas indemnizaciones pueden ser mayores, ya que siguen llegando sentencias que dan la razón a los propietarios descontentos.
Por su parte, fuentes judiciales confirmaban que junto a la admisión del concurso se ha iniciado el nombramiento de los tres administradores concursales que deben supervisar la gestión de la compañía mientras se busca la manera de sacarla de su insolvencia. El Juzgado de lo Mercantil toledano, que afronta presumiblemente la mayor deuda que le presenta una empresa en esta crisis, ya ha iniciado el procedimiento para nombrar a dos de estos administradores. Uno de ellos será un abogado independiente, mientras otro será un representante de la entidad financiera La Caixa. La caja catalana forma parte del cártel de bancos y cajas de ahorro que en su día prestaron los cerca de 400 millones utilizados para hacer la vía de peaje. Se ha abierto un plazo de cinco días, desde que dictó el auto de admisión del concurso el pasado miércoles, para que los designados acepten tamaña responsabilidad.
Al corriente de pago en nóminas.
A pesar de sus problemas financieros, desde la Concesionaria se remarca que hasta ahora han podido atender todos los gastos corrientes de la infraestructura. Entre ellos, el consumo eléctrico de instalaciones con el alumbrado o el pago de las nóminas de sus empleados.
Hay que recordar que la concesionaria, integrada por el banco Espirito Santo y las constructoras Azvi, Isolux-Corsan y Comsa, demandaba al Ministerio de Fomento ante el Tribunal Supremo en 2010 por incumplirse las condiciones en que se les adjudicó la vía. La denuncia fundamental se basaba en que no se les permitió llevar la autopista por Ciudad Real hasta Córdoba, como alternativa a la A-4, pese a que así iba recogido en el contrato de adjudicación en 2003. El Supremo reconoció esto, aunque rebajó la compensación que debe dar el Estado de los 420 millones que pedía la concesionaria a 100 millones.
Durante aquel pleito, la gestora de la AP-41 denunció que la autopista sólo obtenía una octava parte de los ingresos previstos cuando se abrió en 2007. Así, no se alcanzaba la décima parte de los 25.000 vehículos diarios que se esperaba que cruzaran sus peajes.
Dan un respiro a la autopista R-4 Madrid-Ocaña hasta final de junio.
Hay que resalta que la AP-41 no es la única autopista en apuros de las que cruzan el territorio provincial. También la autopista radial R-4, que comunica Madrid con Ocaña siguiendo en paralelo la A-4, está atenazada por su deuda bancaria, aunque ha obtenido un respiro hasta que empiece el verano.
Según publicaba recientemente el diario económico ‘Cinco Días’, la concesionaria de la R-4 obtenía un nuevo aplazamiento para acordar con los bancos cómo refinanciar su deuda, de unos 550 millones de euros. Tras vencer otra prórroga el pasado 27 de abril, pactaban otro compás de espera de dos meses, hasta el 27 de junio.
¿Un rescate de 5.000 millones?.
En este plazo, la concesionaria de la R-4 (formada por Ferrovial, Sacyr y el banco CCM) y los bancos acreedores esperan ver en qué se concretan las medidas prometidas por el Ministerio de Fomento para evitar que ésta y otras autopistas en riesgo de quiebra colapsen. En una entrevista a este medio, la ministra de Fomento Ana Pastor ya aseguró que se mantendrían las cuentas de compensación para subvencionar a estas autopistas al no cumplirse sus previsiones de tráfico.
Sin embargo, responsables de este Ministerio ya han avanzado que se podrían adoptar medidas más decisivas, como nacionalizarlas. Esto se basaría en que, pese a ser empresas privadas, nacen de una concesión por el Estado y éste queda como responsable último de sus deudas si quiebran. Unas deudas cuantiosas ya que la construcción de estas vías, como las radiales o la Madrid-Toledo, supuso un coste total de más de 5.000 millones de euros.