El enfrentamiento entre la alcaldesa de Nambroca, Henar González, y el que fuera compañero suyo en el grupo ‘popular’, el concejal Manuel Sánchez, ya ha llegado a los tribunales. La regidora ha puesto en conocimiento público que un Juzgado de Toledo está indagando sobre una recalificación de terrenos no consumada e iniciada en 2006 que habría dado pingües beneficios al concejal crítico con el grupo en el que fue elegido, el PP. La regidora concluye  que, al no cumplirse sus objetivos de recalificar este terreno de su familia, que le podría haber reportado un millón de euros , el concejal resolvió alinear su voto con la oposición del PSOE para forzar su caída. El corporativo niega las acusaciones de la alcaldesa y ha dado orden a su abogado de que la demande por atentar contra su honor.

El asunto en cuestión, según una nota enviada por la regidora, se remonta a un Pleno de septiembre de 2006, cuando Sánchez -entonces concejal del equipo de Gobierno del alcalde ‘popular’ Carlos Pérez Carro- votó a favor del inicio de una recalificación de un terreno rústico a urbano. El terreno era propiedad de su madre, ya fallecida. La regidora mantiene que Sánchez, en aquel pleno, estaba obligado legalmente a abstenerse al tener un interés personal directo en esta operación urbanística. Y denuncia que Sánchez «en representación de su madre, cobraría en el plazo de 14 meses naturales desde la fecha de aprobación de las normas la cantidad de 976.745 euros» de una constructora interesada en edificar en la finca. Del total, recibió como adelanto 195.349 euros.

La alcaldesa mantiene que, al frustrarse la operación, la constructora ha interpuesto un pleito para que Sánchez le devuelva el adelanto, lo que  ha hecho que el actual Gobierno municipal haya podido conocerla. Y, a raíz de esto, González señala que «ahora se están esclareciendo los hechos: había un interés de cerca de un millón de euros por parte del concejal tránsfuga Manuel Sánchez por recalificar los terrenos». Y añade que, al ver que el actual Gobierno municipal no iba a trabajar en este sentido «y por tanto iba a ser demandando por la empresa promotora que le adelantó 195.349 euros, se pasó a votar en los Plenos junto al partido de la oposición», el PSOE. Añade que esta postura le ha costado a Sánchez su expulsión del PP, al paralizar distintas iniciativas beneficiosas para el pueblo como la contratación de 45 parados con el último Plan de Empleo de la Diputación. La regidora reclama la dimisión del edil «tránsfuga», al que reprocha otros comportamientos irregulares como la contratación en 2006 de una pólvora para  las fiestas locales por 56.000 euros, diez veces más que su valor.

Sánchez le echa en cara su sueldo.

Por su parte Sánchez, en declaraciones a este medio, niega que el asunto de la recalificación tenga que ver con su discrepancia con la alcaldesa. Lo achaca expresamente a la decisión de González de ponerse un sueldo, algo que el rechazó porque iba contra la actuación tradicional de los ediles del PP.

«Llevo 20 años de concejal, y lo único que cobro son las dietas por ir a plenos, y lo hemos estado donando para Cáritas u otras organizaciones», repone el edil, al rechazar la existencia de sueldos para los corporativos por su labor municipal.

Sánchez señala que la urbanización de los terrenos de su madre, del que es heredero junto a sus hermanos, se remonta a 2004 y finalmente se frustró por la crisis inmobiliaria, que desaconsejó haber la urbanización prevista. Aunque reconoce que la constructora ha iniciado un pleito para recuperar el adelanto, señala que el asunto no tiene nada que ver con su actividad municipal.  De hecho, afirma que la secretaria del Ayuntamiento le ha asegurado que allí no ha recibido ninguna reclamación de información de algún juzgado sobre esto. Por ello, observa que la alcaldesa busca atentar contra su honor con sus afirmaciones y asegura que «he hablado con un abogado para que le ponga una denuncia».

Además, Sánchez reconoce que está expedientado por el PP, pero niega que se haya producido su expulsión del partido.