«Estoy segura de que esta Ley (de Garantias) estará lista antes de que se disuelvan las Cortes». Así respondía la consejera del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, a la pregunta de si la norma que unificará y potenciará los mecanismos de protección a la población en riesgo de pobreza se aprobará antes de que se cierre el actual Parlamento regional en marzo del año que viene, como paso previo a la elección de una nueva Cámara en las elecciones autonómicas del siguiente mes de mayo.
Herranz hacía estas declaraciones en la tarde de ayer, en una comparecencia ante la prensa previa a la reunión de la Mesa Regional del Plan de Garantías. Este órgano agrupa a sindicatos, asociaciones vecinales, ONG y otros colectivos sociales con los que colabora la Consejería a la hora de elaborar esta futura norma.
La consejera explicó que «en las próximas semanas» el actual borrador de la Ley obtendrá el visto bueno del Consejo de Gobierno. Y añade que la norma llegará «perfectamente a tiempo» para su debate y aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha. A partir de ahí, la consejera desea que esta aprobación se logre por unanimidad, y confía en que todas las fuerzas parlamentarias vean la mayor cohesión social que supondrá la Ley de Garantías para la región. «Es una inversión directa en la población de Castilla-La Mancha, y nos va a asegurar que esta población quiera  quedarse en este territorio y no necesite salir para tener una vida digna», manifestó.

Por cada euro invertido, la región obtiene 1,43.

La consejera, una de los dos componentes que Podemos aporta al Gobierno regional que preside el socialista Emiliano García-Page, apuntaló su defensa de la futura norma con un dato de los informes de su departamento sobre el impacto que tendrá. Este consiste en que «cada euro invertido en el sistema de garantía de ingresos repercute en la producción de Castilla-La Mancha  en 1,43».
Herranz justificó esta ganancia para la economía regional de casi un 50 por ciento sobre lo destinado al  sistema de protección social previsto por la ley en que los ingresos que perciban las familias acogidas irá al consumo de bienes básicos para la vida cotidiana como ropa o alimentación, distribuidos por un comercio de cercanía ubicado en la propia región, lo que se traducirá en más producción y empleo dentro de Castilla-La Mancha.

La discapacidad es un factor añadido de vulnerabilidad para las familias.

Por otra parte, la consejera del Plan de Garantías anunció que se tendrá en cuenta en la elaboración de la futura ley una cuestión señalada por una de las asociaciones de la Mesa regional, como es que para las familias supone un factor agravado de vulnerabilidad el que alguno de sus miembros padezca discapacidad.
Señaló que, a raíz de que se planteara esta observación, la UCLM ha elaborado un estudio en el que se señala que la vulnerabilidad económica alcanza a casi un 21 por ciento de los hogares de la región si estos cuentan con al menos un integrante el cual presente un grado de discapacidad que supere el 65 por ciento. Si no se da esta circunstancia, los hogares en riesgo de discapacidad se reduce  a algo más del 16 por ciento.