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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Illescas ha establecido la existencia de coacciones por parte de un ayuntamiento, el de Cedillo del Condado, a una constructora con el fin de sacarle 108.000 euros. Por ello, ha anulado un contrato de donación de este dinero firmado en el pasado mandato  a favor del Consistorio sagreño por la empresa, al entender que se la forzó a ello para obtener unas licencias de obras a las que tenía derecho.

Esta sentencia se ha producido en el marco de un pleito civil entre la constructora y al Ayuntamiento, al que no sólo se le dice que dé el contrato por anulado y que se olvide de su cobro. También se le ordena devolver a la empresa 20.000 euros que ésta llegó a abonar.

Aunque esta resolución carece por sí sola de relevancia penal,  sí es cierto que recoge una conducta tipificada en el Código Penal, las coacciones, que alega la constructora y el Juzgado da por cierta. La titular del Juzgado illescano, Rocío Gil Gómez de Liaño,  resuelve informar de este proceso a la Fiscalía Provincial «por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito», tal y como recoge su fallo fechado el pasado cinco de marzo.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, el contrato de esta donación forzada fue firmado el 20 de septiembre de 2007 por la constructora Copromar a favor del Ayuntamiento  de Cedillo del Condado, estableciéndose entonces que los 108.000 euros se entregaban para «asumir el coste de las obras de mejora de las infraestructuras que requiriera el municipio».

En aquella época, gobernaba en la población Alicia Fabián, una política que alcanzó la Alcaldía como concejala socialista encabezando una moción de censura que le costó la expulsión del PSOE. Ya en 2007 ganó las elecciones al frente de una lista independiente, iniciando un proceso de aproximación al PP que la convirtió en cabeza de lista de los ‘populares’ en Cedillo en los comicios de 2011. Sin embargó, perdió en esta ocasión, quedando en la oposición desde entonces.

Volviendo a la donación, esta  debía haberse abonado en el año 2008, pero Copromar sólo pagó 20.000 euros el 10 de diciembre de 2009. Nueve días antes, la Junta de Gobierno Local de Cedillo expidió unas licencias de primera ocupación para unas viviendas construidas por Copromar,  fijándola a ésta un último aplazamiento del pago de la donación hasta el 30 de diciembre de 2010. La empresa ya no lo atendió.

Ya en 2011, se produce el relevo de Fabián por Luis Andrés Martín, de UCIN, que al no formar parte de la anterior Corporación desconocía el proceso por el que se aprobó la donación. El hecho fue que en aquel año el Ayuntamiento de Cedillo presenta una demanda civil contra Copromar reclamando los 88.182 euros que faltaban por pagar. Y la empresa responde con una ‘contrademanda’ en la que afirma que «el contrato de donación es nulo de pleno derecho al haberse exigido dicho importe bajo coacción de no permitir la construcción a la mercantil en dicho municipio». Tras el correspondiente juicio, la jueza establece que «la demandada -Copromar- ha acreditado la realidad de sus afirmaciones».

«O bien se firmaba la donación, o no se entregaría la licencia de obra».

La prueba fundamental para la jueza a la hora de anular esta donación es el testimonio de un arquitecto técnico que acompañó al representante de la empresa cuando fue a recoger la licencia de obras para edificar unas viviendas, en el mismo día en que se firmó el contrato de los 108.000 euros. Este técnico afirmó ser testigo de cómo, cuando llegaron la Casa Consistorial, les comunicaron en ventanilla que la licencia se encontraba en el despacho del concejal de urbanismo y él se la daría personalmente.

Al entrar, el concejal les indicó que «la entrega de la licencia estaba condicionada a una donación económica al Ayuntamiento» y que «o bien se firmaba el contrato de donación o no se entregaría la licencia de obra». El responsable de Copromar, según el arquitecto técnico, se vio obligado a firmar el contrato, dado que la inversión realizada para la ejecución de la obra era muy elevada, se había contratado personal y debían cumplir los plazos de ejecución.

La jueza estima que de la declaración del testigo  «no hay motivo alguno para dudar», ya que su relación laboral con la constructora  se limitó a dicha obra y carece de interés en el resultado del pleito. Y ve a partir de esto y de la documentación dada por la empresa que la donación «no obedeció a la mera liberalidad del bienhechor, sino a la entrega de la licencia de obras ya concedida por los servicios del Ayuntamiento». Achaca lo ocurrido a «una actuación contraria a la ley y a la moral por parte del concejal de Urbanismo».

El Ayuntamiento no descarta recurrir.

La sentencia establece un plazo de 20 días para la presentación de un recurso de apelación ante el mismo Juzgado. Preguntado por este medio, el actual alcalde de Cedillo, Luis Andrés Martín, no descartaba recurrir el fallo judicial. El regidor apelaba a la necesidad de «actuar con prudencia» al no querer valorar la gestión de sus antecesores en el gobierno local en este asunto, y remitía su postura final a lo que decidan los servicios jurídicos municipales.