El Consistorio, multado por un vertido de 2008 con 6.648 euros

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El requerimiento del pago acaba de llegar al Ayuntamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso contra la sanción impuesta por la CHT por el escape del Aserradero

Acuasur ha sacado a licitación la redacción del proyecto de construcción del nuevo colector del Aserradero. - Foto: Yolanda Lancha

mgarcia@diariolatribuna.com

Las multas suelen sentar muy mal y es posible que así se lo haya tomado el Ayuntamiento de Toledo en los últimos días tras recibir el requerimiento de pago para que abone 6.648 euros por la sanción que le impuso la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por un vertido de aguas residuales al río Tajo en 2008.

Los intentos del equipo de Gobierno municipal para librarse de esta multa no han dado sus frutos a pesar de que presentó un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras desestimar la CHTel recurso de reposición contra la resolución de la sanción porque entiende que en la denuncia efectuada por el vertido no se realizaron análisis que prueben que esas aguas contaminaban.

Sin embargo, el tribunal tampoco le ha dado la razón porque, independientemente de que el vertido fuera o no contaminante, el taponamiento del colector municipal del Aserradero provocó esta entrada de aguas sin depurar en el Tajo, una conducta prohibida por la Ley de Aguas salvo que se tenga autorización y, en este caso, no existe. Por tanto, la sala considera «ajustado a derecho» la resolución del expediente sancionador que la Confederación Hidrográfica del Tajo abrió contra el Ayuntamiento tras conocer el escape de aguas residuales, que se produjo a principios de abril de 2008.

Según se desprende de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un agente de la CHT extendió una denuncia por el vertido «a través de un aliviadero de crecidas del colector municipal ocasionado por la acumulación de arenas y otros residuos que provó un taponamiento del mismo». Si bien, al parecer Tagus, la empresa encargada del mantenimiento no conoció la situación hasta que el agente le avisó  y tras la denuncia se puso a limpiar el colector para que en pocos días estuviera listo.

La denuncia del agente de la CHT derivó en un expediente sancionador y en una sanción de 6.010 euros porque ese escape de aguas residuales sin depurar «es susceptible de contaminar». Si bien, el equipo de Gobierno municipal se aferró en este momento a la falta de pruebas que apuntaran que el vertido tuvo un efecto contaminante. Por este motivo, el Ayuntamiento recurrió la resolución porla falta de análisis, de valoración de daños del dominio público hidráulico y la ausencia de requerimiento previo para que la administración reparara el problema del colector. Además, el equipo de Gobierno consideró en este momento que la CHT había optado por «una respuesta sancionadora» yno tuvo en cuenta los atenuantes, «ya que la empresa denunciada procedió el mismo día de la denuncia a la limpieza del colector».

No obstante, el Tribunal Superior de Justicia deja claro en la sentencia la necesidad de tomar en consideración el artículo 97 de la Ley de Aguas, que prohibe «toda actividad susceptible de provocar contaminación o degradación del dominio público hidráulico» y el vertido de agua residuales, con independencia de que fuera o no contaminante, encaja con una actividad prohibida. Si bien, el tribunal admite que la CHT «tomó medidas con celeridad» tras incoar el expediente sancionador, pero no cambia «la realidad de los hechos.

No es la primera vez que se produce un escape desde este colector, pero, sin duda, la más llamativa ocurrió el pasado verano  coincidiendo con un importante episodio de mortandad de peces. A pesar de todo, la Fiscalía concluyó que este escape no tuvo relación con el desastre ecológico, aunque la CHT multó a la administración con 10.000 euros, y obedeció más bien a la falta de caudal, de calidad de las aguas y al crecimiento de algas por efecto de la lluvia.

Si bien, queda claro que este colecto lleva años dando problemas y algunos escapes, como dejó claro el Seprona en un informe en el que reflejó la existencia de tres expedientes sancionadores contra el Ayuntamiento de Toledo iniciados en 2011.