Ganemos Talavera solicitará la comparecencia en pleno del concejal de Economía y Hacienda, Arturo Castillo, para que explique la «mala gestión, opacidad y despilfarro» de una serie de contratos públicos, según recoge el Plan de Control Financiero de 2017 elaborado por el Interventor Municipal. Según Ganemos Talavera, el alto funcionario del Ayuntamiento ha constatado los contratos de publicidad y medios de comunicación, de designación de abogados y procuradores, el servicio de atención telefónica en el parque de bomberos y el de la grúa municipal en el pasado año.
En el primero de ellos, el Gobierno municipal no ha remitido ninguno de los requerimientos por parte de intervención, «no hay ningún expediente de contratación para unos servicios que han ascendido a 206.907,02 euros» . Se constata la dificultad de intervención para fiscalizar los servicios contratados ya que no hay detalles de los servicios contratados, como anuncios o cuñas. En el de asesoría jurídica, lamentan que se ha elevado su coste a 250.559,14 euros y «se ha abusado del contrato menor dejando claro que no tiene ninguna razón de ser máxime cuando hay procedimientos contenciosos que superan el período de un año que es el máximo improrrogable». Por ello, se vulnera los principios de publicidad y libre concurrencia y se recomienda un único expediente de tramitación de la asistencia letrada, explicó Arnao.
En el servicio de atención telefónica del parque de bomberos, propone la gestión directa, teniendo en cuenta que en la actualidad es un servicio que se presta por una empresa como centro especial de empleo con personas con capacidades diferentes, donde se pone de manifiesto el elevado coste que llega a 92.690,71 euros para atender una media de dos llamadas al día. Del mismo modo, lamentan el coste del servicio de grúa municipal con un precio anual de 241.248,78 euros y 1081 actuaciones en 2017, lo que supone 3 actuaciones por día que saldría a 702,78 euros el coste del servicio diario, o lo que es lo mismo, a 237,30 euros la actuación de la grúa para un servicio. «Un contrato que se viene prorrogando y que actualmente está fuera de plazo por lo que el gobierno podría cancelarlo tal y como le recomienda el interventor y proceder a la gestión directa», reclaman.