La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha absuelto a una familia radicada en Quintanar de la Orden del presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Así se recoge en una sentencia que acaba de hacer pública el Tribunal Superior de Justicia de la región, en la que se subraya que la Fiscalía ha planteado unos graves cargos con «indicios poco consistentes».

Cuando se efectuó el juicio a estos dos padres y sus dos hijos a mediados de enero, la fiscal planteó un aparatoso escrito de acusación en el que se estimaba el incremento patrimonial injustificado del grupo entre los años 2000 y 2006 en unos 539.000 euros. Por todo ello, pedía para cada uno de los procesados cinco años de prisión y un millón y medio de euros de multa.

EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO SE DILUYÓ. Pero la vista oral socavó los argumentos de la Fiscalía. Sobre todo la valoración del supuesto incremento ilícito, efectuada por técnicos del Servicio de Vigilancia Aduanera. Estos técnicos desinflaron su estimación a sólo 130.000 euros. Justificaron semejante desfase en que se les pasó deducir 200.000 euros que cobró el principal acusado, Juan Carlos G.A.B., como indemnización como un accidente de moto, pese a que el hombre había explicado esta circunstancia durante la instrucción.

Así mismo, se rebajo el precio de unas obras hechas en una vivienda de la familia en Quintanar de 100.000 euros a sólo 8.000.

Los técnicos también rebajaron la valoración que hicieron de una finca rústica comprada por el padre de G.A.B. en Quintanar, explicando que habían aplicando unas expectativas de revalorización urbanística que no se han cumplido. Si inicialmente el valor total de esta finca lo situaron en 235.000 euros, ahora apreciaron que tenía un valor similar al que pagó el padre, unos 1.800 euros por una décima parte.

Esta finca era otro de los principales sustentos de la acusación, ya que se compró a un toxicómano ya fallecido y la fiscal planteó que hubo una venta ventajosa para solventar deudas de droga. Una hermana del toxicómano, ya fallecido, declaró que su hermano vendió la finca coaccionado, aunque no pudo identificar quiénes lo amenazaban. Pero otro testigo que sostenía esto no compareció.

Aparte, la Fiscalía planteaba como vínculo de la familia con el narcotráfico que el hijo Juan Carlos G.A.B.tenía relaciones con el mundo de la droga. Pero esas relaciones se quedaron en una sentencia a seis meses de cárcel por  tráfico de estupefacientes -posesión de marihuana, según explicó este acusado en el juicio- dictada en 1996. «Tal condena mínima y en un año tan distante y en un año tan distante de los años investigados en el presente juicio no constituyen un indicio consistente», aprecia el tribunal.

En cuanto a los demás miembros de la familia, que explicaron sus diversos ingresos y movimientos bancarios en la época investigada, se concluye que lo visto en el juicio «no permite en modo alguno tener por acreditado (...) las acusaciones vertidas contra los denunciados» de colaborar con G.A.B. en un blanqueo.

La Sección Segunda, según recoge la sentencia, estima que la Fiscalía ha sentado en el banquillo a los cuatro miembros de esta familia con indicios que «no son suficientes. Son indicios poco consistentes que no denotan de forma clara y expresa la constatación de un vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con los mismos».