No ocultaron su alegría los sindicatos de la región por la derogación de la orden de las urgencias nocturnas. En un comunicado, Comisiones Obreras felicitó directamente a todos los ciudadanos de las 21 localidades y comarcas «que han logrado librarse de la tensión provocada por la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de dejarles sin atención nocturna de urgencias sanitarias». Desde este sindicato interpretan que la derogación de la orden es «un triunfo de su movilización en defensa de un derecho tan importante como el derecho a la salud». De todas formas y ante el nuevo plan que ya está elaborando Sanidad, CCOO instó a Echániz y al Gobierno regional «al diálogo y la negociación con las instituciones, organizaciones, agentes y colectivos afectados».
Desde UGT también valoraron la orden por la que el Gobierno de Castilla-La Mancha deroga la reducción de los horarios nocturnos de los 21 Puntos de Atención Continuada (PAC). Al mismo tiempo, el sindicato espera que la Junta «respete» los derechos de los ciudadanos caso de que se inicie una nueva reordenación sanitaria. UGT pide a la Administración regional que ante la reordenación sanitaria anunciada, el Ejecutivo «no dé prioridad de forma exclusiva al criterio económico». Todo ello, debido a que, según el sindicato, «se genera un perjuicio a los ciudadanos que en ocasiones es irreversible, especialmente cuando se trata de la protección de derechos básicos».
CSI.F fue otro de los sindicatos que ayer celebró lo que denominó una «rectificación en toda regla» de la Junta. En un comunicado, CSI.F expone que «se equivocan el señor Echániz y la presidenta Cospedal si insisten en defender una gestión personalista y alejada de la realidad social y profesional de la sanidad castella-nomanchega». De forma general piden a los gobernantes que no se «empeñen» en medidas «que les enfrentan y les alejan de los ciudadanos».
El sindicato aporta dos consejos a los dirigentes políticos. Por un lado, les recomienda que «den ejemplo de austeridad en la clase política y en órganos, instituciones y empresas públicas vacías, ineficaces y caras» y que, por otro lado «consideren sagrados los servicios públicos a los ciudadanos y a los trabajadores públicos».