Para hacer posible el 'bloqueo' de los ediles tránsfugas, los promotores de aquella norma no prohibieron directamente su participación en mociones de censura porque habría supuesto limitar sus derechos como cargos electos, algo impedido expresamente por la Constitución. Se optó por el subterfugio de que, cuando uno o varios tránsfugas apoyaran esta censura, sus promotores debían conseguir otro número igual de concejales no incluidos en esta situación para considerarla válida, lo que la imposibilitaba en la práctica.Sin embargo, el Tribunal Constitucional no ha aceptado este mecanismo, y lo anula al entender que se sigue infringiendo el derecho individual a la participación política de un cargo electo, protegido constitucionalmente aunque logre su puesto dentro de la lista colectiva de un partido político. La sentencia no cambia "situaciones jurídicas consolidadas" como una moción de censura anulada hace dos años por la Justicia en Ontígola (Toledo).