El Ministerio de Fomento está intentando sofocar el problema de las autopistas en quiebra, como la AP-41 Madrid-Toledo, atacando uno de los focos del problema: el sobrecoste de las expropiaciones. Y es que sólo en el caso de esta autopista toledana el gasto en este concepto ya se ha duplicado respecto a lo previsto en el proyecto, y puede llegar a triplicarse.

En el caso de la AP-41, el decreto del Gobierno Central que recoge la adjudicación de la vía en 2003 establecía una estimación del gasto para compensar a los 1.600 propietarios de los más de 11 millones de metros cuadrados afectados por su construcción en 54,5 millones de euros. El coste promedio se fijaba en 4,65 euros por metro cuadrado.

Sin embargo, fueron pocos los propietarios que aceptaron esta oferta, optando la gran mayoría por pleitear con la concesionaria en los tribunales. El argumento principal de los afectados es que el precio ofrecido no tenía en cuenta las expectativas de revalorización urbanística en el futuro de los terrenos expropiados, aunque fueran rústicos. Y esto fue aceptado por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la región, que en varias sentencias fue aceptando revalorizaciones hasta de 23 euros por metro cuadrado. Con las sentencias, el valor del suelo afectado llegaba a un promedio de 13 euros por metro cuadrado, casi el triple de lo calculado inicialmente.

En el momento en que la concesionaria de la AP-41 solicitaba el proceso concursal para suspender pagos, reconocía que unos 120 millones de los 523 que componen su deuda total proceden precisamente del impago de las expropiaciones fijadas por la Justicia.

Fuentes del sector de autopistas consultadas por este medio recuerdan que aún quedan pleitos por resolver, por lo que temen que la factura total de las expropiaciones de la autopista supere los 140 millones.

valoraciones más bajas en madrid. En su día, la gestora de la autopista intentó que el Ministerio de Fomento usara las declaraciones de lesividad, un mecanismo legal por el que se podrían limitar los pagos de expropiaciones si comprometen la viabilidad de una infraestructura, aunque no fue aceptado por la Abogacía del Estado. Por ello, es seguro que recibirán positivamente el anuncio del Ministerio de Fomento de que planteará esta lesividad ante los tribunales, aunque se enfrente así a resoluciones del propio Poder Judicial.     

«Estamos acudiendo a los tribunales y planteando declaraciones de lesividad», indicó el secretario general de Infraestructuras, Gonzalo Ferré, hablando de la situación general de las autopistas en riesgo de insolvencia. Apuntó  en declaraciones a Europa Press que algunas de estas expropiaciones se pagaron a importes «hasta veinte o treinta veces» superiores a los estimados.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, ya indicó el pasado viernes que Fomento trabaja en los procesos aún abiertos en los tribunales sobre los justiprecios de algunas de estas expropiaciones, para que se basen en otros argumentos jurídicos y no generen importes tan altos para las concesionarias.

Catalá también indicó que el Ministerio está investigando las cuantías que se pidieron por estas expropiaciones, al estimar que en muchos casos fueron «desorbitadas», por si pudieran ser susceptibles de ser declaradas «lesivas o abusivas».

En el c aso de la AP-41 quedaría una posibilidad para obtener una reducción de las tasaciones judiciales del TSJ regional: su contradicción con las dictadas  en expropiaciones efectuadas en Madrid. Aquí, fuentes de la concesionaria destacan el hecho de que, pese al efecto revalorizador de la mayor cercanía a la capital de España, el TSJ de Madrid ha dictado pagos de unos cinco euros por metro cuadrado, prácticamente dentro del coste calculado cuando se planteó la autopista.