El alcalde de Illescas, el ‘popular’ Fernando Cabanes, ha confirmado durante el último Pleno que ha presentado una denuncia por presunta prevaricación que afecta a su antecesor en el cargo y expresidente de la Diputación, el socialista José Manuel Tofiño. El motivo es un pago de 348.000 euros por un informe urbanístico vinculado al desaparecido proyecto del soterramiento del ferrocarril en la cabecera de La Sagra. El abono, aprobado por Tofiño en diciembre de 2005, contaría con diversas irregularidades como un informe contrario de la Intervención Municipal. El exalcalde niega que haya ilegalidades en este asunto, y sospecha que ha sido destapado con intención de «influir» ante las próximas elecciones municipales.

El actual regidor señala que este pago se descubrió precisamente durante la liquidación del proyecto de soterramiento, acometido en esta legislatura. El Consistorio aprobó devolver la fianza aportada por los promotores de esta operación inmobiliario, valorada en unos 2,5 millones de euros, pero con la condición de supervisar previamente todos los pagos hechos en torno al proyecto para deducir los abonados por el Ayuntamiento. Durante este proceso de revisión de documentos, se descubría una factura de 300.000 euros, más 48.000 de IVA, correspondientes a la redacción de unas bases de ordenación estructural y detallada de una serie de terrenos afectados por el soterramiento. Este informa urbanístico fue redactado por el estudio MALT SL.

Cabanes señala que en este pago figuran una serie de irregularidades- «Miramos el expediente y vemos que ese pago se hizo sin procedimiento de licitación previo (no se sacó a concurso por si había otra empresa interesada en hacerlo por menos dinero), sin un informe técnico que avalase el precio a pagar, y con un informe contrario de la Intervención», resume.

Con estos ingredientes, se resolvió poner el asunto en manos de los abogados del Ayuntamiento. Estos, continúa Cabanes, aconsejaron poner los hechos en conocimiento de un Juzgado al apreciar una posible prevaricación, que podría prescribir al cumplirse a finales de este 2015 los diez años desde su comisión. Así, se presentó la denuncia el pasado mes de diciembre.

El alcalde afirma haber actuado en todo momento en este asunto bajo consejo legal y sin ningún tipo de intencionalidad política o personal contra Tofiño. «No me gustan las penas de banquillo», declara Cabanes, que añade que si lo difundió en el pasado Plenario fue porque el concejal de Izquierda Unida, Agustín Palacios, preguntó por ello.

Explicaciones de Tofiño.

Por su parte, el exalcalde Tofiño niega que haya irregularidades en el pago de esta factura, y recuerda que el proceso que llevó a la adjudicación de este servicio urbanístico a MALT  pasó por el Pleno en 2005 y contó con la aprobación del PP.

El ahora portavoz del PSOE reconoce que la Intervención «dice lo que dice en su informe», pero mantiene que la adjudicación de este trabajo no debe entenderse bajo las reglas de la contratación pública. Afirma que el dinero pagado no procedía de los fondos municipales, sino de las aportaciones de dinero privado ubicadas «en una cuenta extrapresupuestaria» entregadas por los promotores del soterramiento. «El Ayuntamiento sólo fue un intermediario», destaca, para concretar que a la empresa «se le pagó por un trabajo que está hecho» y que se dio a los promotores, que lo usaran en  trámites posteriores. Tofiño cita como aval a su explicación el que «ninguno de los urbanizadores, cuando se les ha devuelto el dinero   y se les ha descontado los 348.000 euros, ha dicho nada».

Tofiño mantiene que esta denuncia, de la que aún no ha recibido notificación judicial,  sólo busca  «influir» sobre los próximos comicios locales , ya que la divulgación de la denuncia «se hace a cinco meses de las elecciones».

Un tren bajo tierra y 20.000 viviendas, un sueño sepultado por la crisis.

En las últimas dos legislaturas de Gobierno de Tofiño, el PSOE impulsó el proyecto de soterramiento de la vía férrea con el propósito de hacerla desaparecer como barrera física que ahora separa el municipio. El soterramiento, además, facilitaba la conexión de Illescas a la red de cercanías de Madrid, con sus mayores frecuencias de paso.

En aquella época, en pleno ‘boom’ inmobiliario, se optó con un convenio con constructores privados, que financiarían su coste a cambio de permitírseles la construcción de unas 20.000 viviendas en el entorno. Formaciones como IUdenunciaron aquella operación como especulativa, pero fue el cambio de ciclo económico y la llegada del ‘crack’ de la construcción a partir de 2007 lo que daría al traste con ella. El pasado año se efectuaba la devolución de la fianza depositada por estos constructores, con lo que se ponía punto final al proyecto.