Es la segunda vez que se plantan en este año. Los jueces y fiscales de la provincia de Toledo han secundado la huelga convocada por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales para exigir al Ministerio de Justicia más inversión, más  juzgados, más medios, más plantilla y más independencia. Esta última petición se ha subrayado una y otra vez durante el paro convocado hoy a la una de la tarde a las puertas del Palacio de Justicia de Toledo.

«La huelga está teniendo un seguimiento masivo», ha explicado el juez decano de Toledo, Juan Ramón Brigidano, encargado también de dar lectura a un manifiesto que desgranó la situación actual de los juzgados en la provincia y las carencias que sufren jueces y fiscales a diario desde hace años. Y todo indica que han demostrado su malestar más del 80% de ambas plantillas en la provincia, aunque los datos son orientativos porque la incidencia de la convocatoria la llevan directamente las asociaciones convocantes.

Las razones no son novedosas y la mayoría de las peticiones de los jueces  llevan años canalizándose a través del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, pero «ahora más que nunca» aseguran que es necesario salir a la calle para defender «el estado de derecho», ya que consideran que el acuerdo político para el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial «se ha realizado sin el más mínimo respeto por el poder judicial», puesto que se generan «dudas» sobre su independencia y «un riesgo directo en la confianza de los ciudadanos en las instituciones».

Además, los jueces piden más medios, algo que ya se puso de manifiesto en la pasada huelga del 22 de mayo. Brigidano ha leído un comunicado en el que se apuntaba la necesidad de más juzgados debido a la sobrecarga de trabajo de muchos de ellos, más plantilla y más medios en general «porque este servicio público no da una respuesta pronta ni adecuada» a pesar del esfuerzo de los jueces, fiscales y funcionarios de Justicia.

Brigidano ha sacado a colación la grave situación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Toledo, que también lleva toda la materia Mercantil de la provincia, ya que mantiene una carga de trabajo de un 1.400%, es decir, está muy colapsado porque «tiene el trabajo de catorce juzgados».

Si bien, no es el único órgano saturado, puesto que también sería imprescindible la puesta en marcha de un juzgado mixto más en la capital, otros en los partidos judiciales de la provincia más colapsados y un órgano especializado de Violencia sobre la Mujer para mejorar sustancialmente el servicio.

Además, tanto jueces como fiscales solicitan una mejora de las condiciones laborales relacionadas con las retribuciones, permisos y otras cuestiones. En este caso, Brigidano ha recordado «que las guardias semanales se cobran a 60 céntimos la hora», una situación que pone en evidencia la necesidad de que el Ministerio de Justicia actúe lo antes posible.

Los fiscales también han respaldado los paros convocados junto a los jueces y han puntualizado algunos problemas específicos que llevan sufriendo varios años. En este caso, el fiscal Joaquín López, de la Unión Progresista de Fiscales, ha añadido «la necesidad de reforzar la independencia del Ministerio Fiscal a través del reconocimiento de su autonomía y singularidad presupuestaria». De esta manera, se garantizaría «una función eficaz y con autonomía», ya que llevan esperando once años de previsión y sin resultados.

Por otra parte, los fiscales han aprovechado para solicitar la paralización del proyecto de Fiscalía digital, «porque no resuelve problemas» ni está demostrando la utilidad con la que se puso en marcha como herramienta tecnológica. «Necesitamos recursos compatibles con otros que convivan en el mapa judicial de la administración».

Los fiscales de la provincia llevan años sufriendo carencias. En este sentido, López ha manifestado, en nombre de sus compañeros, la necesidad de un reglamento de funcionamiento interno, el estableciemiento de cargas de trabajo «saludables» y el incremento de plantilla.

Por otro lado, los fiscales tienen claro que la Fiscalía General del Estado debería asumir «una serie de competencias básicas, sobre todo, en el ámbito de la formación profesional», ya que siguen recayendo en el Ministerio de Justicia. Asimismo, solicitan, al hilo de las propuestas de distintos partidos políticos, «que se derogue de una vez por todas el sistema de plazos máximos para la instrucción penal», puesto que la medida se introdujo en previsión de los cambios normativos que anunciaban que la instrucción recaería en los fiscales, «ya que se trata de un elemento distorsionador y generador de un riesgo cierto de impunidad».

Ahora habrá que esperar a conocer si las reivindicaciones calan o no en el Ministerio de Justicia con estas dos convocatorias de huelga este año.