La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado el registro informatizado de inmuebles sujetos a Inspección Técnica de Edificios (ITE) en el que figuran 1.529 construcciones anteriores a 1940 que totalizan 2.286 viviendas. La propuesta del concejal de Urbanismo ha sido tramitada una vez que se han resuelto favorablemente cuatro alegaciones de propietarios que habían realizado obras de reforma y por lo tanto no precisan hacer la revisión.
«El pistoletazo de salida» que supone la relación de edificios quedará oficializado con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y posteriormente se va redactar una nueva ordenanza que regula las ITE donde especificará plazos y trámites.
La relación del registro de edificios residenciales del Ayuntamiento contiene 31.459 viviendas. Su distribución por barrios es de 5.072 en el Casco Histórico; 4.121 en Covachuelas; 3.606 en Palomarejos; 8.516 en la Avenida de Europa-Buenavista; 3.633 en Santa Bárbara; 5.816 en el Polígono; y 692 en Azucaica.
De todas estas sólo entran en la primera remesa de ITE las anteriores a 1940 que son las 2.286 mencionadas y están comprendidas en 1.529 edificios.
Como la mayoría están dentro del Casco se podrán beneficiar de las ayudas del Consorcio (el resto de la ciudad queda fuera de esta posibilidad)y el concejal indica que dentro de las subvenciones se dará prioridad a quienes hayan pedido la ITE frente a los que no lo hayan hecho.
Al mismo tiempo cree que este sistema corregirá un problema ya que hasta ahora se rehabilitaba una vivienda «pero el edificio sigue en mal estado y no parece coherente». Para Nicolás la ITE será fundamental con el fin de aumentar el número de rehabilitaciones de manera que será un instrumento para mejorar el parque residencial, en especial los que están en peor estado
sin prisas. Una vez hecha la ordenanza, a semejanza de la que ya hay para el Casco del año 2000 pero ampliada al resto de la ciudad, quedarán regulados tiempos y requisitos con el objetivo de actuar sobre la estructura de los edificios y algunas instalaciones (por ejemplo electricidad). La ITE lo que hace es detectar los fallos y los propietarios son los encargados de rehabilitar.
Los plazos para ponerse al día serán largos para no ahogar a las familias en plena crisis: «el Ayuntamiento no quiere ser una carga», dice Nicolás, que se muestra partidario de hacer cumplir la ley pero «no como elefante en cacharrería». En su opinión habrá mayor margen porque se empezará por los edificios públicos.
El Ayuntamiento tramitará los expedientes pero la inspección hay que contratarla de manera particular y los colegios de arquitectos y aparejadores cobrarán entre 200 y 600 euros por la visita en la que harán una valoración de la estructura, fachadas, cubiertas y el resto de elementos que sea necesario mantener en buen estado. Al margen de la obra, será el único coste de tramitación ya que Nicolás insiste en que no se va a imponer ninguna tasa municipal.