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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho posible el desarrollo de la actividad de los agricultores con la protección del medio ambiente a través de las ayudas contempladas en la submedida 12.1 del Plan de Desarrollo Rural (pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000), tras la aprobación, en esta legislatura, de los Planes de Gestión de las Zonas de Especial Protección Aves (ZEPA). Esto ha permitido, afirman desde la Junta, poner a disposición de un millar de profesionales, que voluntariamente han querido acogerse a la misma con un compromiso a cinco años, un total de 40 millones de euros en ayudas de las cuales ya se ha procedido a realizar el abono de la primera anualidad.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, mantenía ayer n encuentro, en el centro social de La Guardia, con los cerca de 200 agricultores que de forma voluntaria han adquirido estos compromisos adicionales en esta localidad, los cuales reciben 208,2 euros por hectárea, lo que «implica multiplicar por dos los ingresos de una explotación de herbáceos de secano en La Guardia y municipios de alrededor».
En total, en La Guardia, explicaba, existen alrededor de 7.000 hectáreas incluidas en la ZEPA Área Esteparia de la Mancha Norte, y el 70 por ciento de esta superficie se encuentra acogida a la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020, lo que supone una cuantía de más de cinco millones de euros en cinco años para los agricultores que compatibilizan sus prácticas agrícolas, con el rendimiento de sus explotaciones y la preservación del medio ambiente.
Según exponía Martínez Arroyo, desde el Gobierno regional se ha conseguido mejorar la vida de agricultores «de forma muy clara», y ha agradecido al alcalde de La Guardia, Francisco Javier Pasamontes y a Domingo Pérez, como representante de los agricultores y el primero en acogerse a la medida, haber ido de la mano con el Ejecutivo y la Consejería en este asunto ya que «los proyectos colectivos», como es éste, necesitan de personas «que tiren del carro y que hagan pueblo y hagan rentables las explotaciones de los agricultores».