Una hora y cincuenta minutos estuvo Emiliano García-Page ayer en la tribuna de oradores del Salón de plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha exponiendo sus líneas maestras y los ejes del programa político del Partido Socialista que quiere ejecutar desde la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha si hoy sale elegido con los votos de su bancada y los dos de los diputados de Podemos.
Una buena parte de su discurso giró en torno a la transparencia y el buen gobierno, y en este punto anunció importantes medidas que considera «más indispensables que nunca», en la vida política actual y con las noticias que se conocen todos los días, para que cuando termine esta legislatura que recién acaba de empezar «podamos decir -y para mí sería seguramente lo que más orgullo me haría sentir- que Castilla-La Mancha es un espacio libre de corrupción». Apuntó que alguien puede pensar que es una ingenuidad y que puede haber corruptos, pero dijo que no se trata tanto de la reacción frente al corrupto que se descubre, que también, sino de «establecer medidas de control y preventivas que eviten que pueda haber corrupción de todo tipo». Por tanto, apuesta por establecer «una clara acción de oficio en la lucha por que la vida pública sea limpia en todo los sentidos, desde la que se ve a la que es menos pública».
Manifestó que actuarán judicialmente contra todos los casos de corrupción que se detecten en el ámbito de la comunidad autónoma. No obstante, dijo que no van a intentar buscar debajo de las alfombras, pero «ante un caso que encontremos, seremos contundentes».
En paralelo, Page dijo también que en el marco de la credibilidad de las instituciones y de la propia vida pública, llevará al Parlamento regional un «Estatuto para la vida pública», para fijar un listón, a ser posible consensuado, sobre lo que se entiende por corrupción y lo que no.
reforma del estatuto y de la ley electoral. Y fruto del pacto con Podemos además de estar planteado en el propio programa electoral socialista, Page aseguró que se reformará el Estatuto de Autonomía y «por supuesto» la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, a su juicio con una base moral discutible y «hecha para poder hacer trampas electorales».
Recordó que en tres años el Gobierno de Cospedal hizo dos cambios de la misma Ley con «un planteamiento de inmoralidad democrática». En su opinión, es importante llegar a un acuerdo para reformar esta norma con Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos.
«Yo quiero una legislación que sea coherente con el voto de la gente, porque cuando el voto de la gente termina en la basura, lo importante es la basura», destacó para afirmar a continuación que la legislación electoral debe «responder miméticamente a lo que piensa la gente, aunque eso nos cueste el cargo a los que gobernamos una vez u otra», concluyó.