El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó ayer un Real Decreto Ley con medidas urgentes para la transición energética y la mejora de la protección de los consumidores, en especial de los más vulnerables. Entre esas ayudas figura la ampliación de la cobertura del bono social eléctrico que la ministra del ramo tildó de «insuficiente» en su anterior versión. La pobreza energética afecta a más de 4,6 millones de españoles, recordó, por lo que los supuestos en los que actuaba «no cubría las necesidades de colectivos particularmente necesitados», señaló Teresa Ribera.

La intención del Ejecutivo pasa por «ampliar el espectro» para alcanzar especialmente a las familias monoparentales, que Ribera rebautizó como monomarentales ya que el 85% cuentan con un solo progenitor. Además, las eléctricas no podrán cortar el suministro a aquellos hogares con menores de 16 años.

El nuevo bono social llegará también a los hogares con personas dependientes en grados 2 y 3. Además, se incrementará en un 15% la cuantía, se incluirán limitaciones a los cortes del suministro durante el invierno y se añade un «bono social térmico» para cubrir las necesidades de calefacción de estos colectivos por medio de una «ayuda directa» para hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina, con independencia del combustible que utilicen.

La ministra para la Transición Ecológica explicó que esta iniciativa está específicamente diseñada para estos próximos seis meses en los que el invierno hará más difícil hacer frente a estas necesidades.

El decreto, además, suspende el impuesto del 7% sobre la generación y aprueba una exención «del mal llamado céntimo verde», dos medidas de choque para moderar con urgencia el precio de la electricidad y, en consecuencia, el recibo de la luz con un ahorro más o menos inmediato de en torno a un 4% en el recibo.

En este contexto, también el Gobierno trabaja en la protección de los consumidores con iniciativas como la «prohibición de la contratación del suministro eléctrico y del gas en la modalidad de puerta a puerta», para evitar malos entendidos, o empoderar a los consumidores con mayor información sobre las facturas para que deje de ser «ese gran desconocido que llama a nuestra puerta cada mes y que nadie entiende», expresó Ribera.

Otro de los puntos clave es el autoconsumo. El objetivo es simplificar los trámites burocráticos y técnicos requeridos, reconocer el derecho al uso compartido por parte de uno o varios consumidores, y el derecho a producir energía eléctrica sin peajes ni cargos. Queda, por tanto, eliminado el llamado «impuesto al sol» del que la ministra Ribera declaró que ha servido de «mofa» por parte de organismos exteriores.