La sección primera de la Audiencia Provincial de Toledo ha estimado el recurso de apelación presentado por la alcaldesa de Gerindote, Ana María Palomo, y sus compañeros, los concejales socialistas Cristina Navarro, Noelia Aurora Pérez y Diego Pérez, contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrijos el 21 de septiembre de 2016. De esta manera, continuará la instrucción de las diligencias contra el exalcalde Julián Morales por una presunta alteración del padrón de habitantes. En este sentido, los denunciantes han presentado a los juzgados las sospechas sobre 62 empadronamientos antes de las elecciones municipales de 2015. La Sala añade que puede haber un delito de prevaricación por cada una de las altas irregulares, con la base de que el propio imputado reconoció haber permitido dos altas de personas que no residen Gerindote.

Según el auto judicial al que ha tenido acceso este diario, la Audiencia Provincial ha dictado la continuación de las diligencias por un posible delito electoral tras la revocación del auto del 21 de septiembre de 2016 del Juzgado de Torrijos en el que se acordaba el sobreseimiento provisional por no apreciarse indicios de la comisión de delito. La Audiencia Provincial, sin embargo, considera que ha habido «falta de congruencia» en el mencionado auto, debido a que tres meses antes la juez había firmado otro en el que ampliaba la fase de instrucción hasta el 6 de junio de 2017. «Lo que en buena lógica supone que en ese momento entendía que existían indicios de comisión de delito, y que era necesaria la práctica de nuevas diligencias y, sin embargo, sin practicar alguna, dicta el auto que ahora recurre», afirma la sección primera.

El procedimiento se remonta a la denuncia de los cargos políticos del PSOE por el empadronamiento de personas que estuvieron contratadas como temporales en la Diputación bajo la dependencia de Julián Morales, que ejerció como diputado Agricultura y Medio Ambiente. Así, había aportado en la denuncia una relación de los individuos que fueron empleados de la institución provincial.

La Audiencia Provincial ha tenido en cuenta que el propio imputado reconoce que hubo 62 altas aunque negó que hubieran sido facilitadas por él mismo. «Incluso llega a afirmar que sabe que hay personas que viven en Torrijos a pesar de lo cual no tuvo problema para permitir que se empadronasen en Gerindote», refiere el auto de la sección primera.

En este sentido, apunta que la Sala «no puede creer en absoluto que desconociera cuáles son los trámites de altas y bajas en el padrón de habitantes, lo que deja en un puro argumento defensivo el tratar hacer recaer sobre el secretario del Ayuntamiento la posible responsabilidad de las altas y bajas del padrón», afirman los magistrados, quienes recuerdan la experiencia de Morales tras dos décadas en el cargo.

La Audiencia Provincial sostiene que un dato evidencia que el investigado sabía de los empadronamientos. «El conocimiento de que existía un incremento injustificado  fue anterior, según la petición de información realizada por la Oficina de Censo Electoral, que incluso hubo de comunicar la falta de colaboración por parte del Ayuntamiento a la Junta Electoral Central», subraya la Sala, que advierte de que las 62 altas irregulares constituyen «una modificación sustancial» en un pueblo de 2.341 habitantes en aquel 2014.