La Universidad de Castilla-La Mancha acoge desde ayer y hasta hoy, promovidas por el Centro de Estudios de Consumo, las jornadas ‘Endeudamiento y pobreza de las personas físicas’. Dirigida por Ángel Carrasco Perera y Lourdes López Cumbre, la iniciativa pretende dar a conocer cómo la crisis económica ha llevado al endeudamiento progresivo de la clase media hasta convertirla en una clase empobrecida colmada de deudas y que no puede afrontar los gastos básicos para mantener un nivel de vida digno. El endeudamiento ha existido siempre, comentó López, pero las consecuencias de la crisis «empiezan a ser irreversibles».  Así lo puso de manifiesto momentos antes de la inauguración del seminario por Fátima Guadamillas, vicerrectora de Relaciones Internacionales y Formación Permanente del Campus de Toledo, en el Paraninfo de Lorenzana. En España hay aproximadamente un 25 por ciento de personas en riesgo de exclusión social y un 7 por ciento de ellas están en riesgo de exclusión severa porque no tienen las mínimas necesidades cubiertas para desarrollar su vida. Incluso las personas que tienen trabajo también están por debajo de la pobreza relativa, es decir, que no obtienen el 60 por ciento de la renta media del país.

Una descripción de la realidad que obedece a múltiples causas, según dijo esta catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Cantabria, como el empobrecimiento, endeudamiento, empleo de baja calidad, retroceso en los derechos de protección social, falta de cobertura en asistencia sanitaria y el incremento del precio de los alimentos. El objetivo que puso sobre la mesa es la inclusión social y la reducción de unas tasas de pobreza «inaceptables» en un país desarrollado y apeló a soluciones como una estrategia de igualdad de oportunidades, cohesión social con un mayor reparto de la riqueza, cobertura sanitaria para todos los residentes en España independientemente de su nacionalidad así como «un retroceso en las políticas de desahucios».

López, por tanto, abogó por una inclusión activa a través de empleos de calidad y la garantía de unos servicios públicos básicos. En la jornada, destinada a profesionales del consumo, los expertos pusieron de manifiesto que el principal endeudamiento de las  personas físicas se debe a la compra de viviendas y la poca capacidad de ahorro. «Han crecido mucho los precios de los préstamos y de los intereses y se ha dado una situación contradictoria porque los intereses medios a nivel internacional han ido bajando para potenciar una mejora económica como consecuencia de la globalización, pero este descenso no ha llegado al patrimonio de las personas y empresas». Esta situación, dijo, sigue ralentizando el crecimiento económico. «Parece que se ha tocado fondo aunque la mejor medición es el beneficio empresarial que parece que crece. Eso sí, tendría que ser redistribuido para llegar a la capacidad adquisitiva de los trabajadores, lo que todavía no se ha dado». López lamentó que aún no se aprecie recuperación en la renta de los trabajadores ni en el incremento de las prestaciones públicas. «Mientras que no haya reparto de beneficios no se podrá hablar con solvencia de crecimiento».

En cuanto al papel que han jugado las administraciones, aseguró que «han ido haciendo todo lo posible» con el incremento de la cobertura para desempleados, permitir que la prestación por desempleo se convirtiera capitalizadamente en la creación de empresas para que los desempleados que no encuentren trabajo por cuenta ajena puedan establecerse por cuenta propia, la reducción de los precios de la energía y vivienda y más plazos en el pago de la deuda. Esta experta en Derecho del Trabajo, no obstante, manifestó que «no es suficiente» porque hay situaciones  «alarmantes» como la pérdida de la vivienda como consecuencia de una deuda. «No digo que haya que incumplir las obligaciones contraidas, pero hay que ser sensibles para facilitar el cumplimiento a través de aplazamiento o fraccionamientos».

En la distribución por comunidades autónomas, López aseguró que las regiones que mejor están son las del norte de España y las peores Extremadura, Andalucía y Canarias. «Castilla-La Mancha está en una situación intermedia, tiene capacidad de riqueza, pero está supeditada a ciertos límites», recalcó.