El Ayuntamiento se quita de en medio a la hora de decidir cómo se va a explotar el polideportivo Rafael del Pino: «corresponde al titular del inmueble y a la Fundación la tutela sobre el uso de las instalaciones». El Gobierno municipal dice que ha autorizado la apertura del pabellón porque sus promotores han subsanado, con un informe fechado en enero de 2014, un problema sanitario que presentaba la piscina. Y no quiere saber nada del resto de la polémica que rodeó la solicitud realizada por el anterior Ejecutivo regional que denegaron sus predecesores al frente del Consistorio antes de las elecciones de mayo. «No estamos aquí para revisar el pasado sino para solucionar problemas», afirma el concejal de Hacienda y portavoz, José Pablo Sabrido.

La historia del expediente comienza en septiembre de 2011 con la aprobación de la licencia condicionada a subsanar los defectos de la piscina. En diciembre de 2013 la Fundación presenta la justificación, en enero de 2014 los técnicos municipales emiten informe favorable y en marzo de 2015 la Fundación remite una información sobre la que Urbanismo requiere «que se precise». En concreto la aclaración se pide para que la Seguridad Social diga a quién corresponde determinar el uso, y por lo visto la respuesta es que lo tiene que decidir la Administración a la que se ha cedido (la Junta).

Por lo que explica el concejal de Urbanismo, Teodoro García, desde marzo de este año hasta ahora la única novedad es otro informe de los técnicos municipales avalando la autorización de apertura «por seguridad jurídica».

En resumen, a día de hoy la licencia (que ratifica la que ya se concedió en septiembre de 2011) sólo autoriza el uso asociado a las necesidades de los pacientes de Parapléjicos. Pero si la Fundación Rafael del Pino, con el beneplácito de la Tesorería de la Seguridad Social (propietaria del suelo), llega a un acuerdo con con la Junta de Comunidades (administradora por cesión de ese suelo) para que las instalaciones se abran al público en general cobrando una entrada, no habría inconveniente por parte del Consistorio (aunque el expediente tendrá que pasar por sus manos para la autorización municipal).

Lo que mueve al Gobierno capitalino es «desbloquear» el uso de las instalaciones «fraccionando» el expediente para avanzar «paso a paso». De tal manera que «mañana mismo» el pabellón podría ponerse a funcionar a pleno rendimiento para los pacientes de Parapléjicos. Si en el futuro los promotores plantean un cambio de uso (gestión) entonces el Ayuntamiento verá si encajan las piezas burocráticas y decidirá, pero dejando claro que son otros (Fundación, Seguridad Social y Junta) quienes tienen que ponerse de acuerdo.

En cuanto a la presunta prevaricación de la que se queja el PP por la forma de actuar del anterior Gobierno municipal el concejal de Urbanismo alega que en el expediente no figura ninguna declaración política, que es público y los grupos políticos pueden acceder a su contenido y que si la oposición tiene dudas legales debe dejar «de amagar» y pasar a la acción presentando una denuncia.

El PP municipal aprecia «tintes de prevaricación», y es partidario de «depurar responsabilidades», en la tramitación de las licencias de obra del nuevo hospital de Toledo y la de apertura del pabellón deportivo Rafael del Pino. Pero eso no quiere decir que vayan a dar el paso adelante de presentar la denuncia.

José Manuel Velasco alega que la licencia del hospital lleva «trampa política» porque el anterior Gobierno municipal se negó a concederla por la ausencia de un estudio de movilidad y sus sucesores lo que han hecho es aprobar el permiso condicionado a que se aporte dicho estudio. «El perjuicio es para los ciudadanos» por el retraso de la obra.

En cuanto al Rafael del Pino cree que es «evidente» que se ha utilizado una «excusa absurda» para negar la autorización de apertura: «¿El señor Page no sabía que tenía que pedir un informe a la Tesorería de la Seguridad Social?».

Bajo su punto de vista si hay prevaricación el Ayuntamiento debería pedir responsabilidades pero no cree que eso vaya a ocurrir porque considera que la alcaldesa y su socio líder de Ganemos son «cómplices» de las decisiones que tomó el anterior Gobierno municipal.

A partir de ahí la lectura política del PP dice que los dos últimos regidores, García-Page y Tolón, actúan en beneficio de su partido (PSOE) y de sus intereses personales en lugar de hacerlo pensando en el interés general de la ciudad y de sus vecinos.