Así lo avanzó esta mañana la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante su comparecencia en el pleno de las Cortes para informar sobre la evolución de los programas de inclusión social en Castilla-La Mancha, a petición del Grupo Parlamentario Socialista.
Sánchez explicó en su intervención que la crisis trajo consigo nuevas necesidades y nuevos perfiles de beneficiarios, pero también «un acceso limitado a los recursos sociales», debido a «políticas de austeridad y contención del gasto», que supusieron una disminución de los dispositivos de atención ante la nueva demanda social.
En este sentido, criticó que entre 2011 y 2014 se redujo la financiación de proyectos de integración social en un 80%, mientras que, con el actual Gobierno, el presupuesto destinado a tales iniciativas ha pasado de 3,5 millones de euros en 2015 a 5,4 en 2018, un 55,4% más, lo que ha permitido aprobar un total de 148 proyectos.
La diputada ‘popular’ Cortes Valentín consideró que los programas puestos en marcha por la Consejería son «tremendamente discutibles» y puso de relevancia la baja ejecución de los mismos. «637 millones que García-Page no ejecutó en 2016 y más de 1.100 en 2017 que podían haber sido invertidos en políticas sociales para disminuir las tasas de pobreza y exclusión social», añadió.