El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, calificó el incremento del margen dado por el Gobierno central para el cumplimiento del objetivo de déficit de este año de «parche» porque, a su juicio, sigue siendo insuficiente para las comunidades autónomas.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, presidió ayer el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que trasladó a las autonomías el nuevo objetivo de déficit para el ejercicio 2016, previsto inicialmente en el 0,3 por ciento, y que pasa a ser del 0,7 por ciento. Un respiro para todas las comunidades autónomas y que Castilla-La Mancha recibió dando la bienvenida ante un objetivo «excesivamente gravoso».

El consejero autonómico se abstuvo en la votación de este punto que, a su juicio, pone de manifiesto que «las comunidades autónomas teníamos razón» mientras que el Gobierno en funciones ha intentado «demonizar» a las comunidades.

Montoro trasladó además los los nuevos límites de la senda de estabilidad presupuestaria para los próximos años que fijan el objetivo de déficit en el 0,5 por ciento para 2017, 0,3 para 2018 y el equilibrio presupuestario (0,0) para 2019. Senda para la que el responsable de la Hacienda regional votó en contra ya que insiste en que falta información sobre el modelo por el que se lleva a cabo el reparto del peso del déficit entre las distintas administraciones.

«Seguiremos peleando por un sistema de distribución más transparente y basado en datos objetivos» dijo Ruiz Molina, porque no se trata solo de tener un mayor margen de cumplimiento del déficit, sino de distribuir el gasto de forma equitativa entre los distintos niveles de la administración pública. El consejero aclaró que las comunidades soportan «un tercio del gasto total del Estado español» por lo que «ese sería el objetivo a alcanzar».

No hacen falta nuevos ajustes. Ruiz Molina incidió en que el diseño de los presupuestos regionales para el ejercicio 2016 -que se aprobaron hace justo una semana- no hacen necesario recurrir a nuevos ajustes, y así se lo han trasladado al secretario de Estado en las reuniones bilaterales que comenzaron este miércoles.

«Es un presupuesto que ha ajustado suficientemente los ingresos, y los gastos se acomodan al objetivo». Hoy mismo, y según confirmó el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se alcanzará ese acuerdo con Castilla-La Mancha en el diseño del plan económico y financiero que no se ha alcanzado como con el resto por «cuestiones formales». Beteta reconoció el esfuerzo de las comunidades autónomas demostrado en las negociaciones.

En cualquier caso el ministro Montoro pidió «templanza» en las declaraciones públicas de los representantes autonómicos porque «no se están pidiendo recortes a nadie» con una senda que supone retrasar un año el objetivo de déficit mientras que los objetivos de deuda pública para el conjunto de las comunidades autónomas son del 24,2 por cieno del PIB en 2016, del 23,9 por ciento en 2017, del 23,4 por ciento en 2018 y del 22,5 por ciento en 2019, año en que se volvería a situar en niveles de mediados de 2014, según informaron desde el Ministerio.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este mismo viernes el nuevo programa de estabilidad para este periodo que enviará a Bruselas para su ratificación definitiva por parte de la Unión Europea.

Ruiz Molina ve «la mano de Cospedal» detrás del recurso a las 35 horas

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina,  lamentó ayer «que un gobierno en funciones se dedique, con todo lo que tiene que hacer en otros ámbitos, a cercenar aún más los derechos de los funcionarios de Castilla-La Mancha» ante el recurso interpuesto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a la devolución de las 35 horas semanales para los funcionarios públicos, una jornada laboral reducida que se implantó en la región a partir del 1 de enero de esta año. Se trata de  una decisión tras la que el consejero dijo encontrarse «la mano de Cospedal» que en su opinión «no solo cercenó los derechos de los funcionarios mientras gobernaba sino que además pretende hacerlo también desde la oposición».

Ruiz Molina utilizó este argumento para sostener que «no he oído a ninguna manifestación del PP  en nuestra región a favor de que el Gobierno no interponga un recurso de esta naturaleza» ante una medida que dijo «está pensado para conciliar la vida familiar y laboral de los trabajadores pero fundamentalmente para mejorar la calidad de los servicios públicos» sobre todo en la Sanidad, ámbito que «ha sido uno de los más castigados por las políticas de Cospedal», concluyó. Desde la Junta aseguran que ya están trabajando para que no se pierda ninguno de los nuevos empleos creados para suplir esta reducción de jornada laboral.