Un Juzgado de lo Penal juzgará próximamente a tres candidatos de las listas municipales de Chozas de Canales por un presunto delito de prevaricación urbanística, que les puede suponer su inhabilitación para cargo público,  al aprobar un PAU cuando formaban parte del Ayuntamiento en 2006. El juicio ya se ha convertido en ineludible después de que  la Audiencia Provincial haya desestimado el recurso de apelación presentado por dos de ellos contra el auto de apertura de juicio oral dictado por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Illescas. Son el actual alcalde y candidato a la reelección por el PSOE, Ignacio Pitaluga, y la concejala socialista en esta legislatura pero actual número 4 del partido local Queremos, Isabel López Casarrubios. En la nómina de acusados por este caso, aunque no se acogió a la apelación, también figura el cabeza de lista de Queremos y alcalde socialista en el momento en que ocurrieron los hechos, Antonio Antúnez, tal y como aparece en los escritos de acusación.

Según recoge el auto dictado   por la Sección Segunda de la Audiencia el pasado cinco de mayo, al que ha tenido acceso este medio, la apelación queda rechazada porque «se refieren los imputados a matices penales que no es el momento de considerar, bastando la existencia de indicios racionales de criminalidad» para proseguir con el procesamiento. En concreto, Pitaluga y López Casarrubios alegaron que su actuación al actuar el PAU suponía, como mucho una infracción administrativa.

El asunto se remonta al 20 de diciembre de 2006. Los mencionados y otros tres ediles aprobaron en un Pleno el llamado PAU Z-11, una de las zonas de reciente construcción de Chozas que han sido motivo de polémica por sus irregularidades urbanísticas. En este caso concreto, el entonces alcalde Antúnez y los cinco concejales votaron a favor del proyecto a pesar de que existía un informe en contra del secretario municipal, en el que a su vez se advertía de la falta de un «informe preceptivo y vinculante de la Comisión Provincial de Urbanismo». Esto motivó una querella del colectivo de funcionarios Manos Limpias, respaldada por la Fiscalía.

Los otros dos acusados son los concejales ya retirados Ángel Luis Garrido, socialista, y África Rodríguez Mateos, entonces en el PP. Esta última también apeló su enjuicimiento achacando la responsabilidad de la aprobación a los ediles socialistas, como grupo de Gobierno, aunque su recurso también ha sido rechazado.

El sexto concejal que votó a favor del PAU, el edil de Urbanismo Tomás Martín Bargueño, falleció tiempo después.

Un vaivén judicial.

No es la primera vez que la deficiente gestión de los PAU Z, con el Z-9 anulado por el Tribunal Supremo tras su construcción, acaba llevando a juicio a los tres actuales candidatos. El peor librado ha sido el exalcalde Antúnez, que ahora puede presentarse a la Alcaldía tras haber cumplido una condena de siete años de inhabilitación. Fue condenado en 2007 por prevaricación. En 2013 fue juzgado por el mismo delito debido a la tramitación del Z-9, pero resultó absuelto.

En cuanto a Pitaluga y López Casarrubios, acabaron siendo absueltos junto a otros ediles en otro juicio por prevaricación a raíz de lo ocurrido en un Pleno en noviembre de 2009, en el que trataron de aprobar el PAU Z-9.