El caso de máster sospechoso cursado por Pablo Casado en el Universidad Rey Juan Carlos (URJC) llegará al Supremo. Así lo decidió ayer la jueza de Instrucción número 51 de Madrid, que reclamó al Alto Tribunal que cite como investigado (imputado) al presidente del PP al sospechar que el título pudo ser «un regalo» por su «especial relevancia política», lo que implica que podría haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa y otro de cohecho impropio. Estas dos figuras penales podrían costarle al palentino su carrera política puesto que, en caso de una hipotética condena, contemplan una inhabilitación para cargo público de entre tres y siete años. Sin embargo, el líder popular negó las acusaciones al tiempo que remarcó que no se plantea dimitir por esta cuestión. «Lo que me han hecho a mí no se lo han hecho a nadie en este país», clamó en una comparecencia por sorpresa en la sede del partido tras conocerse la decisión de la magistrada.

En la exposición razonada para remitir esta pieza separada al Supremo, la jueza Carmen Rodríguez-Medel sospecha que Casado, junto a un grupo de alumnas con vínculos políticos o personales con miembros de la Universidad, pudieron conseguir el máster como «regalo o prebenda sin mérito académico alguno» por parte del director de estos estudios, el catedrático y exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde. En este sentido, considera que todos ellos tuvieron un trato de favor a tenor de lo que se les exigió para las calificaciones con respecto a un grupo de alumnos «ordinarios», que sí fueron a clase y entregaron diversos trabajos, alguno de «investigación».