La Tesorería del Ayuntamiento de Toledo, con el visto bueno de la Junta de Gobierno, ha aprobado un gasto de 139.210 euros para la implantación integral de la administración electrónica en este importante departamento municipal. Se inauguran así las inversiones con cargo a los 8,5 millones de euros que ha proporcionado a la ciudad la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI Toledo) cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del marco del programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020.

El contrato se ha adjudicado sin concurso a favor de ‘Gestión Tributaria Territorial SA’ (GTT) por el procedimiento negociado sin publicidad «por razones técnicas» (que no se explican pero la aplicación del mismo nombre ha sido muy alabada por su eficacia para llevar la contabilidad de las multas en todas sus fases). La cosa va tan deprisa que la Junta de Contratación tuvo conocimiento el pasado 16 de Agosto por comunicación «de urgencia». La duración del contrato es de un año aunque conlleva un gasto por importe máximo de 139.210 euros repartido en dos anualidades (año 2018 se pagan 97.447 euros y el año 2019  los restantes 41.763 euros).

La empresa seleccionada ofrece a sus clientes servicios de asesoramiento, consultoría, formación (en el Ayuntamiento de Toledo ha impartido clases sobre el impuesto de plusvalías), colaboración en la gestión y diseño de sistemas de información en temas relacionados con la gestión tributaria local.

Es interesante comprobar que la Tesorería se desentiende del ‘programa operativo de crecimiento inteligente 2014-2020’ de Toledo capital para el que se cuenta con 999.333,57 euros de financiación de cara a llevar a adelante el proyecto ‘Toledo ciudad inteligente’ que aplica las nuevas tecnologías al ámbito del turismo, la movilidad, la sostenibilidad y la gestión integral de los servicios municipales. Por lo tanto, de nuevo, una administración duplica los gastos para lograr un mismo objetivo en distintos departamentos.

Yeso que presuntamente la administración electrónica tiene como objetivo llegar a ‘la administración sin papel’ para las relaciones internas, con otras administraciones y con las empresas (en el caso de los ciudadanos particulares serán estos quienes elijan si prefieren los sistemas tradicionales o las comunicaciones electrónicas).

La ley indica que una Administración «sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados a la vez que facilita una mejor transparencia».

El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos se convierte así en un derecho por el cual los particulares (personas físicas) «podrán elegir en todo momento» si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no.

Se debe configurar un escenario en el que la tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las Administraciones en sus múltiples vertientes de gestión interna, de relación con los ciudadanos y de relación de aquellas entre sí.