La mediación junto a la conciliación y el arbitraje han sido reconocidas legalmente como formas alternativas a las judiciales para resolver conflictos de intereses. Consiste en encontrar una solución entre las partes enfrentadas ayudados por un mediador para evitar un litigio. Esta fórmula alternativa podría evitar que un 10 por ciento de los conflictos civiles llegue a los juzgados. Un porcentaje nada desdeñable si tenemos en cuenta la «saturación» de los tribunales. Así lo apuntó ayer el decano del Colegio de Abogados de Toledo, Ángel Cervantes, anfitrión en una mesa redonda organizada por la entidad para celebrar el Día Europeo de la Mediación.
Al acto asistieron representantes de los diferentes ámbitos judiciales, desde el fiscal jefe de la provincia de Toledo, Antonio Jesús Huélamo, el decano del Colegio de Abogados, Ángel José Cervantes, el abogado Pablo José Corrales y el secretario de la Corte de Arbitraje de la Cámara, Francisco Javier Messia
El motivo del encuentro era analizar el nuevo anteproyecto de ley de impulso de la mediación, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 14 de enero. Un documento que contempla novedades como por ejemplo la exigencia de que las partes, en determinados supuestos, agoten la vía de la mediación antes de que su demanda ser admitida a trámite. «Es una manera de potenciar este sistema alternativo de solución de conflictos y busca descongestionar los tribunales, que falta les hace», destacó el decano.
Hay tres tipos de supuestos para la mediación, el primero de ellos son aquellos en los que las partes en conflicto tienen relación. Procedimientos de familia, de guardia y custodia, arrendamientos, reclamaciones por accidentes o reclamaciones por negligencias profesionales. El segundo bloque va por materias y el tercero responde a aquellas reclamaciones con una cuantía económica menor a 2.000 euros.
En estos casos, las partes implicadas tendrán que agotar la vía de la mediación antes de elevar sus casos al juzgado. «El problema es que normalmente las partes llevan años peleadas o con desavenencias y que no ha calado la cultura de la mediación, que no existe», apunta Cervantes.
Esto se debe, entre otras causas, analiza, a que carece de incentivos fiscales, por ejemplo, como sí tiene en otros países, o a que las experiencias de los letrados no han sido «buenas», comenta. En este sentido, pone el ejemplo de letrados que han apostado por la mediación para resolver un conflicto para lo que han paralizado el procedimiento en el juzgado. «Muchas veces el problema no se ha resuelto y eso ha retrasado la causa judicial», alerta el decano.
«El nuevo anteproyecto de ley pretende que esto no ocurra», apunta, aunque este documento no se aplicará de la noche a la mañana. Quedan tres años por delante y todo eso si finalmente sale a la luz atendiendo al inestable panorama político actual. En cualquier caso, el decano destaca que entre el 50 por ciento y el 70 por ciento de los casos que van a mediación alcanzan un acuerdo evitando un litigio.