El equipo de Gobierno de Carranque, con su alcalde, Javier Martín, a la cabeza, va a pedir «auxilio» al juez Velasco, de la Audiencia Nacional, para que incluya a la localidad en la serie de municipios que investiga por presuntas irregularidades en la adjudicación de servicios públicos dentro de la operación ‘Púnica’. Así lo confirmaba ayer el regidor, que agregaba que esta solicitud, en la que se personará el Ayuntamiento si se admite a trámite, está previsto que se realice a lo largo del presente mes de octubre.
Martín explicó pormenorizadamente todo el proceso administrativo por el cual finalmente terminó haciéndose con la gestión, hace un par de años, del alumbrado público la empresa Elecnor, a la que se tienen que desembolsar -aunque no se está realizando el pago dada la deuda de más de 12 millones del Consistorio que tiene casi paralizada la gestión municipal- todos los meses 22.000 euros, una cifra que resulta el doble de lo que cuesta este mismo servicio en la localidad vecina de Illescas, de aproximadamente cinco veces más habitantes que su vecina carranqueña.
En este sentido, el regidor se preguntó dónde van a parar los 18.000 euros que restan de los en torno a 4.000 que supone el gasto eléctrico.
Pero aparte de esta cuestión, lo trascendental a nivel político es que Elecnor contrató a una subcontrata -lo cual no se notificó- para el mantenimiento del alumbrado y de la que formarían parte, aunque desconoce el nombre de tal entidad, tanto el anterior concejal de Deportes -que tiene que entrar como concejal tras la dimisión de tres ediles y la negativa del siguiente a recoger su acta- como el marido de la ex concejala de Hacienda, que actualmente sigue ostentando este caro en la corporación, dijo Martín.
Aparte del elevado coste del servicio, el alcalde se quejó de que se contratara a una empresa, Asproener, para realizar un informe de auditoría energética, por 18.000 euros, «cuando estos informes se hacen gratis» y a pesar de que se había realizado otro poco antes, en 2010.
A esta empresa, que sí está dentro de las investigadas en el marco de la ‘Púnica’, añadió el alcalde, se le daba potestad para participar en la elaboración de los pliegos de cara a la adjudicación del servicio, «lo que permitía adaptarlos a sus peculiares necesidades», aunque en este caso no se dio a Cofely, que era la que en mayor medida se contrataba en Madrid por los ayuntamientos implicados en la operación que lleva el juez Velasco, sino a Elecnor.
Pero además, en la adjudicación se recogía una cláusula por la cual la empresa hacía entrega de 13.000 euros para financiar al club deportivo elemental Villa de Carranque, cuyo presidente era el anterior concejal de Deportes. Precisamente en torno a este potencial nuevo concejal ‘popular’ si toma posesión de su acta gira otra de las sospechas de posibles irregularidades del equipo de Gobierno, encabezado por Vecinos por Carranque, marca de Podemos en la localidad, ya que el alcalde considera que el club deportivo se podía haber estado gestionando «en fraude».
Martín estuvo acompañado en su comparecencia por el vicepresidente de las Cortes y líder de Podemos en la región, José García Molina, que no descartó que casos como el de Carranque se puedan haber dado en otros pueblos de Toledo, apostando para evitar este tipo de cuestiones en el futuro por la publicación constante de todos y cada uno de los gastos que se realizan en los ayuntamientos, aunque sean contratos menores, que son, a su juicio, los que acarrean un mayor número de irregularidades.