El juez de Talavera que se encarga de la instrucción del caso del recaudador moroso de municipios de la comarca de Talavera ha denegado por tercera vez la libertad para este individuo identificado como J. L. L. B., que se encuentra desde hace seis meses en la cárcel de Ocaña por una deuda de más de un millón de euros con una decena de municipios. La tramitación por un presunto delito de malversación de caudales públicos de especial gravedad entra en la recta final antes de que sea remitida la causa a la Audiencia Provincial, y próximamente las partes se reunirán para intentar evitar el juicio con jurado.

Según confirmaron ayer a este diario los abogados de las partes, el recaudador moroso continuará en la cárcel después de que no haya prosperado la solicitud de la revocación del auto de prisión provisional firmado en el mes de abril. El juez alega que hay riesgo de fuga y que puede ocultar pruebas, por lo que continuará en Ocaña, según se comunicó a las partes el jueves. De nada ha servido, por lo tanto, la petición del letrado de la defensa, quien recalcaba que desde un principio el reo había puesto su patrimonio a disposición de la justicia y que no existía riesgo de fuga porque el encausado tiene a toda su familia entre Talavera y Madrid. La Fiscalía y la acusación se habían manifestado en contra de decretar la libertad para el encausado.

Hace tan sólo dos meses, la Audiencia Provincial de Toledo había denegado también una anterior petición de puesta en libertad del recaudador acusado de un presunto delito de malversación de caudales públicos de especial gravedad. Estos casos están tipificados en el artículo 432 y siguientes del Código Penal y establece una condena máxima de ocho años de prisión.

pequeñas cantidades. El recaudador abona esporádicamente cantidades pequeñas, como por ejemplo 1.000 euros, a los ayuntamientos perjudicados, pero todavía está lejos de enjugar el más de millón de euros que debe a los consistorios de la recaudación de impuestos. Esta deuda fue reconocida por el encausado el 28 de diciembre de 2013, cuando presentó voluntariamente en el Juzgado de Instrucción número 52 de Plaza de Castilla en Madrid un escrito de autodenuncia, en el que detallaba que no podía abonar la liquidación correspondiente a los diez consistorios. Por lo tanto, hace diez meses que comenzó enmadejarse este caso.

La instrucción del caso está a punto de ser cerrada, puesto que sólo faltan por presentar los escritos de las partes. Posteriormente, la causa pasará a manos de la Audiencia Provincial para ser remitida a un jurado popular. No obstante, el proceso se puede ver alterado, porque la Fiscalía promueve una reunión entre las partes para intentar llegar a un acuerdo y evitar de este modo la celebración de las vistas.

Los ayuntamientos de la provincia afectados por la deuda de J. L. L. B., que asciende a aproximadamente 1,3 millones de euros, son: Navalcán, Las Herencias, Calera y Chozas, Alberche del Caudillo, Aldeanueva de Barbarroya, Cazalegas, Los Navalmorales, Rielves, Velada y Ventas de San Julián. Todas estas poblaciones cuentan con 19.000 habitantes.