El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad propuso ayer a las comunidades autónomas que ofrezcan una atención sanitaria completa a los inmigrantes irregulares que lleven al menos seis meses empadronados y se encuentren en «situación de vulnerabilidad o exclusión», y aseguró que el Ministerio del Interior no tendrá acceso a los datos de los ciudadanos que soliciten esta atención y queden registrados en la base de datos del Sistema Nacional de Salud español (SNS).
Así lo avanzó el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, tras la reunión de la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del SNS en la que trasladó a las comunidades una serie de «criterios mínimos» para garantizar el servicio social y sanitario a estas personas «no registradas ni autorizadas como residentes en España y que carezcan de recursos económicos», y que ésta sea «homogénea» en todo el país.
Moreno explicó que estos inmigrantes deben estar en la base de datos del SNS porque «tienen que estar identificados para recopilar su información clínica y evitar duplicidades en las pruebas clínicas», pero remarcó que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, dependiente de Interior, no sabrán quiénes quedan inscritos ya que «ni puede acceder ni pretende hacerlo». «Se plantea que se incorporen a la base de datos nacional del SNS. No es un registro, tienen que estar identificados para poder recopilar los datos del paciente y evitar duplicidades. Es a efectos de seguimiento clínico y farmacológico, para que puedan retirar los medicamentos que les recete el médico, pero no hay que comunicar nada a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, ni Interior puede acceder ni pretende hacerlo, como ocurre en otros países», defendió.
Ahora el Ministerio de Sanidad da 15 días a las comunidades para que hagan sus alegaciones «constructivas» al proyecto base, y reconoció que las regiones gobernadas por el PSOE pidieron que se derogue la reforma inicial aprobada y que en 2012 limitó la atención de estos inmigrantes sólo a urgencias, atención pediátrica y durante el embarazo y el parto. El resto, según Moreno, «agradeció» la propuesta.
El número dos del departamento de Alfonso Alonso explicó que todos los ciudadanos irregulares en España «han sido y están siendo atendidos» con independencia de su situación administrativa, pero el objetivo ahora es «ordenar y armonizar» esta prestación, después de que algunas autonomías hayan anunciado diferentes regulaciones para ampliar los derechos de este colectivo.
El objetivo del Gobierno es que los inmigrantes puedan ahora tener acceso a la Atención Primaria en los centros de salud y, si el médico lo considera oportuno, ser derivados al especialista. Para ello, Sanidad propuso que las regiones que garanticen este servicio solo a aquellos que lleven empadronados un mínimo de seis meses desde que lo soliciten, aunque admitió que la competencia en este sentido es autonómica y «si alguna establece menos, están en su derecho de hacerlo».
Además, deberán justificar que no disponen de «recursos suficientes en cómputo anual al IPREM» de su unidad familiar, y que no tienen ninguna cobertura sanitaria.
La cobertura sólo podrán recibirla en la región en que estén empadronados por lo que «no será exportable» ni a otra región ni a sus países de origen, con el objetivo de «evitar el turismo sanitario» que, según Sanidad, se producía hasta la reforma de 2012.
Y en caso de necesitar medicamentos, Moreno avanzó que las comunidades propusieron un copago del 40 por ciento, como ya se hace con los ciudadanos que tienen rentas anuales inferiores a 18.000 euros.
BENEFICIARIOS. El secretario general de Sanidad confirmó que aun no tienen contabilizado el número de inmigrantes irregulares que se beneficiarán de esta medida, ya que «ni España ni otro país europeo sabe cuántos tienen, entre otras cosas porque son irregulares». Lo único que está cuantificado son los sin papeles que han sido atendidos hasta ahora por las vías que permite la Ley, unos 183.000 ciudadanos que han supuesto un gasto de 244 millones.
Además, no precisó si alguna de las comunidades gobernadas que se han adelantado al Gobierno han infringido la legislación europea y pueden sufrir multas millonarias, como ya alertó hace unas semanas el ministerio.
Las primeras reacciones llegaron de comunidades como Cataluña que adelantó que mantendrá su atención sanitaria a inmigrantes sin papeles tras la propuesta de «mínimos» de Sanidad, mientras Baleares exigió que se derogue la reforma sanitaria de 2012 que excluye a los inmigrantes irregulares, o el Gobierno navarro que rechazó la propuesta del Ministerio.