Estas personas estarían involucrados en la comisión de un delito relativo a la protección de la flora y fauna, otro contra la salud pública, otro de falsedad documental y otro de desobediencia, según ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.El material probatorio obtenido durante más de tres meses de investigación, evidenciaría que estas personas habrían obtenido los 43 ciervos y los 2 gamos mediante su caza en terrenos sometidos a régimen cinegético especial sin el debido permiso de su titular.De igual modo, se ha comprobado que los dos detenidos habrían faltado a la verdad en la narración de los hechos expuestos en los documentos utilizados para la comercialización de las 45 canales de carne de caza.Estas personas han introducido en el mercado, productos alimenticios (carne de caza mayor) sin cumplir con los condicionantes exigidos por la normativa sectorial aplicable.